Mediante Resolución de Directorio 011/2026 y en el marco del Presupuesto General del Estado elaborado por el anterior gobierno, el Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó un crédito extraordinario de casi Bs 32.000 millones para el Ministerio de Economía.
“En el marco de lo establecido en la disposición final primera de la Ley 1705 del Presupuesto General del Estado PGE 2026, aprobar el otorgamiento de un Crédito Extraordinario a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”, dice el artículo 1 de la resolución publicada en la página oficial del BCB.
El monto es Bs 31.839.003.472,23 con un plazo de 35 años, un periodo de gracia de 5 años y una periodicidad de pago semestral. Además, la tasa de interés es de 4,55% anual con “garantía de bonos del tesoro no negociables”. Según la publicación, el dinero se desembolsó el 2 de febrero.
En las consideraciones, el documento indica que amparado en el PGE 2025 del anterior gobierno, el Ministerio de Economía solicitó la otorgación de un crédito extraordinario en condiciones concesionales por un monto de hasta Bs 33.570.595.416,67.
“Destinado a financiar en su integridad las obligaciones de corto plazo contraídas durante la gestión 2025 con el BCB para lo cual dicha Cartera de Estado aprobó la Resolución Ministerial N° 022 de 19 de enero de 2026, que dispone el manejo de pasivos de las obligaciones de corto plazo”, dice parte de la resolución.
Es decir, el dinero se usará para gastos corrientes y las operaciones de manejo de pasivos.
Análisis
Actualmente rige el PGE 2026 que dejó el gobierno del expresidente Luis Arce y según compromiso del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, será reformulado este mes.
Al respecto, el economista Luis Fernando Romero explicó que ese crédito será para cerrar “brechas de liquidez del TGN: cubrir faltantes temporales de caja cuando los ingresos (tributarios, externos o de crédito) no alcanzan”.
Además, servirá para sostener la ejecución del gasto de salarios, transferencias, inversión pública y servicio de deuda.
“Y evitar un ajuste fiscal abrupto de corto plazo que pueda afectar actividad y empleo. Además, asegurar continuidad operativa del Estado en un contexto de restricciones de financiamiento externo y menor flujo de divisas”.
Sin embargo, advierte un riesgo de que el BCB continue financiando al Gobierno central, además explica que la deuda interna se mantiene elevada y el nuevo crédito profundiza la dependencia con el BCB.
“Aumenta la concentración del acreedor (BCB), debilitando la disciplina fiscal y el riesgo monetario (emisión e inflación). Este financiamiento implica creación de dinero directa o indirectamente”, acotó.
También alerta de un riesgo fiscal y patrimonial del BCB que acumula activos fiscales de mayor riesgo y deteriora su balance y capacidad futura de política monetaria.
“El BCB sigue cumpliendo un rol cuasi-fiscal, actuando como financiador recurrente del Gobierno. Este tipo de resoluciones no es excepcional, sino reiterado, lo que confirma una pérdida de independencia operativa”, alertó.
Reconoció, además, que a corto plazo le permitirá al Gobierno pagar sus obligaciones, evitar ajustes impopulares y ganar tiempo político; empero también daña la credibilidad institucional y traslada el costo futuro vía inflación.
Modelo fiscal
“La Resolución del BCB no es neutra ni inocua. Refleja una estrategia de financiamiento fiscal basada en el banco central que alivia tensiones inmediatas, pero agrava los desequilibrios estructurales: deuda interna elevada, dominancia fiscal, presión monetaria y deterioro de la credibilidad macroeconómica”, remarcó.
En criterio de Romero, Bolivia no enfrenta un problema de liquidez aislado, “sino un problema de modelo fiscal y de financiamiento del Estado” y sugiera reordenar el financiamiento y recuperar la independencia del BCB.
Esta semana se conoció que, a diciembre de 2025, la deuda interna del Tesoro General de la Nación (TGN) alcanzó más de Bs 231.419 millones y duplicó a la deuda externa, que cerró el año con $us 13.028 millones.
Romero alertó que, del total de la deuda interna, Bs 153.998 millones corresponden a obligaciones del TGN con el sector público, principalmente con el BCB.
