El expresidente Luis Arce y sus hijos Luis Marcelo Arce Mosqueira y Rafael Ernesto Arce Mosqueira enfrentan actualmente una serie de procesos judiciales que han generado atención pública y debates sobre el ejercicio de la justicia en Bolivia tras la transición presidencial de 2025.
Las investigaciones y medidas adoptadas por la Fiscalía y los tribunales abarcan desde acusaciones por corrupción estatal hasta denuncias por violencia doméstica y presunto enriquecimiento ilícito.
El caso más avanzado y de mayor impacto político es el que involucra al expresidente Luis Arce, detenido por las autoridades en diciembre de 2025 en el marco de una investigación por presunta malversación de fondos públicos vinculados al ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).
Luis Arce
El 12 de diciembre, el Juzgado de Instrucción Penal 12 dictó su detención preventiva por cinco mese en el penal de San Pedro, en La Paz. Eso derivó en una serie de argumentos planteados por su defensa que exigió que el caso sea ventilado en un juicio de responsabilidades.
Sin embargo, en enero de 2026, la Sala Penal Cuarta del Sistema de Justicia ratificó que la causa seguirá su curso por la vía de un juicio ordinario.
Proceso
El expresidente Arce está investigado por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, debido a decisiones y manejos financieros realizados durante su gestión como ministro de Economía antes de asumir la Pesidencia.
El proceso aún se mantiene en etapa de investigación, con riesgo de que se incorporen nuevos elementos o personas vinculadas.
Otro proceso que tiene el exmandatario es investigado en el caso Paternidad, La denunciante Brenda L.F., exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) declaró constantemente que sostuvo una relación con el expresidente y a consecuencia de ello tendría un hijo con Arce. Esa investigación también está en curso.
Rafael Arce Mosqueira
En paralelo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del expresidente, enfrenta un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.
La Fiscalía de La Paz lo imputó por movimientos económicos, incluidos la compra de un penthouse, dos vehículos de alta gama y varios inmuebles sin que exista una fuente de ingresos comprobada. Ante estos hechos, el Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva y la investigación se encuentra en curso, con alerta migratoria emitida para asegurar que no abandone el país.
Legitimación
Además, el 23 de enero, un juez declaró rebelde a Rafael Arce y ordenó su aprehensión, luego de que no se presentara ante la autoridad judicial en una audiencia de medidas cautelares.
La causa contra Rafael incluye también acumulación de pruebas por parte de la Fiscalía, que reportó haber reunido más de 130 elementos de convicción para sustentar la investigación, argumentando que no tenía perfil económico para justificar la adquisición de activos de alto valor.
Parte de las pesquisas están relacionadas con terrenos y bienes transferidos, sin explicaciones claras del origen de los fondos.
Luis Marcelo Arce Mosqueira
Por su parte, Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce, enfrentó un proceso distinto por presunta violencia familiar o doméstica, iniciado a partir de una denuncia presentada por su expareja en Santa Cruz.
En el marco de esa investigación, la Fiscalía emitió una orden de captura y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una notificación roja para su búsqueda a escala internacional, lo que derivó en su aprehensión el 30 de diciembre de 2025 en Brasilia, Brasil, donde permaneció seis días detenido preventivamente, según reportó CNN Brasil.
Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dispuso su liberación, luego de advertir que la causa había sido objeto de una salida alternativa judicial en Bolivia. Posteriormente, la Unidad de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Fiscalía General del Estado solicitó formalmente a Interpol la baja de la notificación roja, al considerar que ya no correspondía mantener la alerta internacional.
“El caso cuenta con una salida alternativa debidamente aplicada, lo que invalida la continuidad de la notificación roja”, señala el documento dirigido al director nacional de Interpol en Bolivia, Rigoberto Sánchez, fechado el 30 de diciembre de 2025.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, la jueza Vivian Balcázar ya había ordenado el 17 de octubre de 2025 la liberación de Arce Mosqueira tras una detención anterior de corta duración. Como parte de la conciliación con la denunciante, se dispuso además una terapia psicológica de cinco meses. La acusación inicial fue presentada por la entonces fiscal Jessica Echeverría —ahora viceministra de Igualdad de Oportunidades—, aunque el caso fue posteriormente archivado conforme a resolución judicial.
En conjunto, estos tres procesos reflejan una situación judicial compleja para la familia Arce fuera del ejercicio del poder. El exmandatario continúa bajo custodia preventiva, su hijo menor lucha por evitar medidas más severas en una causa patrimonial, y su hijo mayor es objeto de una alerta internacional por acusaciones de violencia doméstica. Cada uno de estos casos se encuentra en diferentes etapas de investigación o procesamiento, con implicaciones legales y políticas de amplio alcance.
Varios actores políticos celebraron las investigaciones contra Arce y sus hijos, aunque no se conoce el paradero de Luis Marcelo y Rafael Ernesto. Al respecto, se especula una posible salida del país.
