El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Llallagua benefició con detención domiciliaria al alcalde de Llallagua, Adalid Jorge Aguilar, investigado por la muerte de tres efectivos policiales durante los hechos violentos de junio de 2025.
En audiencia pública realizada el jueves 8 de enero, la autoridad judicial ratificó la detención domiciliaria con custodio policial, pero le concedió el derecho al trabajo mientras continúan las investigaciones en su contra.
Según una nota de Erbol, durante la audiencia, la defensa de Aguilar argumentó que la restricción absoluta vulneraba su derecho constitucional al trabajo y presentó documentación para sustentar la necesidad de que pueda retomar sus funciones como autoridad electa.
En la parte resolutiva, el tribunal dispuso que el alcalde cumpla una jornada laboral de 07.00 a 19.00, y que se mantiene vigente el resto de las medidas cautelares impuestas dentro del proceso penal.
La decisión fue apelada por el Ministerio Público, por lo que actualmente se encuentra en revisión ante una instancia superior. No obstante, la resolución fue ejecutada de manera inmediata.
Tras la modificación de las medidas, la tarde del viernes 9 de enero, Aguilar se presentó en su despacho municipal, donde fue recibido por funcionarios y algunos vecinos de Llallagua.
En sus primeras declaraciones públicas, el alcalde señaló que retorna a sus funciones con el objetivo de concluir la gestión municipal y cumplir con los compromisos asumidos con la población.
Durante la ausencia del titular, el concejal Leoncio Delgado ejerció el cargo de alcalde interino en el gobierno municipal de Llallagua.
Como antecedente, Aguilar fue enviado en agosto de 2025 con detención preventiva al Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, por un periodo inicial de tres meses. Posteriormente, tras un recurso de apelación, se le otorgó arresto domiciliario con custodia permanente.
El alcalde de Llallagua es investigado por los presuntos delitos de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, destrucción y deterioro de bienes del Estado y asociación delictuosa.
El proceso tiene que ver con los hechos de violencia en los bloqueos evistas ocurridos los días 10 y 11 de junio de 2025, que dejaron un saldo de tres policías y dos civiles fallecidos en el norte de Potosí.
