La Comisión de la Verdad de Hidrocarburos retomará su trabajo a partir del 8 de enero de 2026, con la presentación de peticiones de informe en coordinación con la Procuraduría General del Estado, informó el diputado Alejandro Reyes, de la alianza Unidad.
De acuerdo con el legislador, hasta el 12 de enero del próximo año la instancia legislativa presentará su primer informe de avance.
Reyes señaló que la comisión tiene como objetivo esclarecer presuntas irregularidades en el sector y cuestionar la narrativa oficial sobre la nacionalización de los hidrocarburos y la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Esta comisión se va a encargar de desmontar la mentira de la falsa nacionalización y la megacorrupción de YPFB”, afirmó el legislador.
La Comisión de la Verdad de Hidrocarburos está integrada por los diputados María Angélica Villena (Libre), Diego Brañez Leaño (APB-Súmate), Alejandro Reyes Careaga (Unidad) y Sergio Luis Vásquez Jordán (Libre), quienes coordinan acciones de fiscalización y recopilación de información.
En paralelo, Reyes informó que la Cámara de Diputados reanudará su labor legislativa en 2026 con el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado, además de cuatro proyectos de ley estratégicos vinculados a los sectores de hidrocarburos, inversiones, litio y minería, que contemplan reformas estructurales.
Comisión
La reactivación de la comisión ocurre en un contexto de anuncios del Órgano Ejecutivo sobre avances en la investigación de presuntos hechos de corrupción en el área hidrocarburífera. El presidente Rodrigo Paz adelantó el fin de semana que el proceso arrojará resultados relevantes y derivará en acciones judiciales contra responsables de abusos y desvío de recursos.
Según el Gobierno, durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce se consolidó un esquema de corrupción estructural que habría provocado desvíos anuales de entre $us 800 millones y $us 1.000 millones vinculados a la subvención de hidrocarburos.
Los antecedentes y hallazgos de la Comisión de la Verdad serán remitidos al Ministerio Público para su procesamiento penal.
De acuerdo con Paz Pereira, más allá de establecer responsabilidades legales, el objetivo de la comisión también es analizar la vía jurídica para que el país recupere los montos que presuntamente habrían sido robados en los últimos años.
