En medio del complejo momento que atraviesa la aerolínea estatal, el Gobierno activó un operativo de transparencia para intervenir de forma directa en la situación de Boliviana de Aviación (BoA).
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el viceministro de Transparencia, Yamil García, se trasladaron personalmente este miércoles a las oficinas centrales de la empresa, en Cochabamba, con el objetivo de auditar su funcionamiento interno.
Según el Ministerio de Obras Públicas, la medida busca esclarecer las causas de los problemas operativos que persisten, pese a la incorporación de cuatro nuevas aeronaves. Las autoridades señalaron que la normalización del servicio exige acciones contundentes, presencia en el terreno y una revisión exhaustiva de los procesos administrativos y operativos.
BoA
El despliegue marca el inicio inmediato de un operativo de transparencia institucional orientado a detectar posibles irregularidades y esclarecer eventuales actos de sabotaje en la programación de vuelos.
Desde la cartera de Obras Públicas se enfatizó que no se permitirá que continúen los perjuicios a los usuarios y que se llegará hasta las causas estructurales de las fallas.
“El mensaje es claro: la tolerancia ha terminado”, señala la publicación oficial, en la que se remarca que la prioridad es proteger a los pasajeros y garantizar un servicio aéreo eficiente y confiable.
La intervención se enmarca en una línea de gestión que apunta a “hacer las cosas de manera diferente”, con énfasis en la transparencia y el control, en un momento clave para el futuro de la aerolínea estatal.
De acuerdo con algunos actores políticos, periodistas y analistas, la gestión de Juan José Galvarro, actual gerente de BoA, busca hundir a la empresa estatal para que se tenga un justificativo para su eventual privatización.
Mario Borda, exautoridad de la aerolínea, reveló recientemente que la empresa es rentable, con una recaudación mensual de $us 60 millones y con un gasto de $us 12 millones al mes.
Desde el Gobierno rechazaron las acusaciones de un autosabotaje por parte de las propias autoridades, pero no se descarta que algunos funcionarios quieran arruinar la imagen y el funcionamiento de la empresa.
