La denominada Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, instalada por el Gobierno para investigar presuntos hechos de corrupción y daño económico al Estado, funcionará como una instancia técnica de investigación y sistematización de denuncias, cuyos resultados serán remitidos al Ministerio Público para su procesamiento penal.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, el viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García, afirmó que el trabajo de la comisión se organizará en función de criterios objetivos.
“Primero, la cuantía, ¿qué asuntos, qué denuncias tienen más cuantía, generan un impacto de daño económico mayor? Dos, ¿qué proyectos han tenido irregularidades en su contratación? ¿Cuáles han sido contrataciones directas? ¿Cuáles han sido a través de convocatorias públicas?; Tres, ¿cuántos proyectos han sido paralizados?; Cuatro, ¿cuántos proyectos son inservibles, inviables, no están en funcionamiento?”, explicó.
Conformación
La comisión está encabezada por la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia. De la misma forma está abierta la participación de representantes del Legislativo, con al menos un delegado por cámara y fuerza política. Además, se prevé la incorporación de actores de control social, como periodistas de investigación, fundaciones y otras organizaciones.
El ministro explicó que la comisión recibirá denuncias de cualquier área y de cualquier periodo, sin establecer límites temporales ni sectoriales. Sin embargo, aclaró que las investigaciones comenzarán por el área de hidrocarburos, al ser “el área que ha generado o comprometido más recursos económicos”.
Este lunes, el presidente Rodrigo Paz Pereira presentó a los integrantes de la denominada Comisión de la Verdad, para investigar un presunto “saqueo económico” por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) desde el 2006.
García, consultado sobre si también se investigará lo ocurrido entre 2019 y 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez. “Por supuesto que sí”, respondió.
Según el Ejecutivo durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce se consolidó un sistema de corrupción estructural. Se desvió entre $us 800 y $us 1.000 millones por año por la subvención de hidrocarburos. A ese escenario podrían sumarse las denuncias de irregularidades registradas también durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.
Sistema de denuncias
La autoridad indicó que, para facilitar la participación ciudadana, el Gobierno habilitó un sistema de denuncias mediante código QR, que permitirá reportar hechos de presunta corrupción de forma anónima. No se exigirá la identificación del denunciante ni la presentación inicial de pruebas, ya que el foco será el hecho denunciado, que luego será verificado técnicamente.
Con base en estos parámetros, se elaborará un diagnóstico inicial, cuyo primer informe está previsto para el lunes 22, y a partir del cual se definirá el orden de las investigaciones.
La comisión no reemplazará a la Fiscalía ni ejercerá funciones coercitivas. Su rol será el de recopilar, analizar y sistematizar información, para presentar denuncias con respaldo técnico y jurídico ante el Ministerio Público, según el viceministro.
La comisión no tiene un plazo de cierre definido. Su duración dependerá del volumen de denuncias y del avance de las investigaciones.
10 comisiones
El 10 de noviembre el presidente Paz anunció al menos 10 comisiones de la verdad que ya empezaron a intervenir empresas públicas. Las primeras pesquisas fueron a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) donde se halló un daño económico al Estado por al menos $us 10 millones.
También se allanó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Entre otras empresas investigadas se encuentran la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB); Boliviana de Aviación (BoA); la Empresa Nacional de Electricidad (Ende); la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel); y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam).
