La Corte Suprema de Estados Unidos acordórevisar la constitucionalidad de la propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Varios tribunales inferiores han bloqueado el intento de Trump de eliminar la ley que contempla que todas aquellas personas que nacen en suelo estadounidenses obtienen automáticamente la nacionalidad.
Decreto
El decreto propuesto por Trump impide al gobierno federal entregar pasaportes o certificados de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos cuya madre resida ilegalmente o temporalmente en el país y cuyo padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente.
También se ven afectados los niños cuyos padres residen temporalmente en Estados Unidos con un visado de estudiante, de trabajo o de turismo.
El principio del derecho de suelo, consagrado desde hace más de 150 años en la 14ª enmienda de la Constitución, establece que todo aquel que nace en Estados Unidos es ciudadano estadounidense.
La Corte Suprema limitó hasta el 27 de junio el poder de los jueces para bloquear una escalada nacional las decisiones del ejecutivo que consideran ilegales.
Sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, origen del litigio.
Trump emitió este decreto nada más regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, con el argumento de combatir la migración irregular.
En un escrito presentado ante el tribunal, el fiscal general de Trump, John Sauer, argumentó que «la concesión errónea de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de extranjeros en situación ilegal ha causado un daño sustancial a Estados Unidos».
«Lo más evidente es que ha perjudicado la integridad territorial de Estados Unidos al crear un fuerte incentivo para la inmigración ilegal», afirmó Sauer.
‘Manifiestamente inconstitucional’
La orden ejecutiva de Trump debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero fue suspendida después de que varios jueces federales fallaran en contra.
El juez de distrito John Coughenour, encargado del caso en el estado de Washington, calificó la orden ejecutiva de «manifiestamente inconstitucional».
«Llevo más de cuatro décadas en la magistratura y no recuerdo otro caso en el que la cuestión planteada sea tan clara como en este», afirmó Coughenour, nombrado en el cargo por el presidente republicano Ronald Reagan (1981-89).
De los nueve magistrados de la Corte Suprema seis son conservadores, y de esos seis, tres fueron nombrados por Trump durante su primer mandato (2017-2021).
Cecilia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles, que ha encabezado los recursos legales contra el intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, dijo tener la esperanza de que el supremo «derogue este orden perjudicial de una vez por todas».
«Los tribunales federales de todo el país han rechazado sistemáticamente los intentos del presidente Trump de eliminar esta protección constitucional fundamental», afirmó Wang.
«Privar a cualquier niño nacido en Estados Unidos de su ciudadanía sería devastador y profundamente cruel», afirmó.
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