Bolivia atraviesa una crisis judicial profunda, una herida abierta en la estructura misma del Estado que ha sido exacerbada por la prórroga irregular de mandatos, fallos cuestionados y una creciente desconfianza ciudadana en la independencia de jueces y magistrados. La reciente salida de los autos prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no debe interpretarse meramente como un vacío de poder ni como una victoria política pasajera. Se trata de una oportunidad histórica e impostergable para encarar cambios estructurales profundos, abandonando los parches coyunturales que han caracterizado las últimas décadas.
La sombra de la «autoprórroga» y el colapso institucional
La crisis actual no es un evento aislado, sino la culminación de un proceso de degradación institucional. Las resoluciones que habilitaron la extensión de mandatos fueron denunciadas por juristas y académicos como un golpe directo al Estado de derecho y un claro exceso de atribuciones. Al permitir que las propias autoridades se prolongaran en el cargo más allá del mandato constitucional de seis años, el TCP rompió el principio básico de alternancia y legalidad.
A esto se suman decisiones anteriores que minaron la credibilidad del sistema, como la Sentencia 084/2017, que abrió la puerta a la reelección indefinida pese a los límites constitucionales explícitos y a un referendo previo vinculante, debilitando los mecanismos democráticos fundamentales. Más recientemente, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0770/2024-S4 anuló parcialmente la convocatoria a elecciones judiciales, generando acefalías críticas en el TCP y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y profundizando la sensación de inestabilidad institucional. La salida forzosa de los «autoprorrogados», ordenada por decisiones judiciales recientes y precipitada por órdenes de aprehensión por usurpación de funciones, muestra hasta qué punto el máximo guardián de la Constitución terminó convertido en su principal infractor, intentando ahora corregir el rumbo en medio de una controversia que ha paralizado miles de causas.
¿Nuevas elecciones judiciales o cambio de modelo?
Ante las acefalías en el TCP y el TSJ, se plantea la convocatoria urgente a nuevas elecciones judiciales para completar los cargos vacantes. Sin embargo, diversos analistas y exmagistrados advierten que repetir el mismo mecanismo de elección popular, sin cambiar las reglas de preselección y sin despolitizar el proceso, solo prolongará la crisis y postergará las reformas de fondo. La experiencia demuestra que cambiar los nombres sin cambiar las reglas de juego no resuelve el problema de la sumisión política.
Además, los tiempos que exigen la preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa y la organización electoral implican que estas eventuales elecciones solo podrían realizarse hacia la segunda mitad del año. Esto genera un conflicto normativo, ya que la exigencia de que las judiciales sean procesos electorales exclusivos, no acumulables con otros comicios. Insistir en elecciones parciales, con las mismas reglas viciadas y bajo un clima de alta polarización, dilatará la transformación estructural del sistema judicial que hoy exige la ciudadanía, manteniendo al país en un limbo jurídico peligroso.
Reforma Constitucional Parcial y Autonomía Económica Real
Una salida de fondo pasa por encarar una reforma parcial de la Constitución, sin tocar el «núcleo duro» del modelo de Estado, para rediseñar el sistema de selección y designación de jueces, vocales y magistrados. La base de este nuevo sistema debe ser la idoneidad y la transparencia, abandonando el criterio de lealtad política. Esto implica evaluar públicamente capacidades profesionales, éticas, psicológicas y de experiencia, y que las ternas resultantes sean designadas por dos tercios de la Asamblea con plazos perentorios y mecanismos de designación automática si no se cumple ese mandato, para evitar bloqueos políticos intencionales.
Fundamentalmente, la reforma debe abordar la asfixia financiera del sistema judicial. No es suficiente con asignar recursos discrecionales; se debe fijar constitucionalmente un porcentaje mínimo del Presupuesto General del Estado —por ejemplo, un 3% o más— destinado exclusivamente al Órgano Judicial. Pero el presupuesto por sí solo no garantiza la independencia; debe ir acompañado de una autonomía económica y administrativa real. Esto significa que el Órgano Judicial debe tener la potestad de manejar su propio presupuesto, libre de la tutela del Ministerio de Economía o del Ejecutivo, para planificar su desarrollo, infraestructura y salarios sin depender de negociaciones que a menudo se utilizan como herramienta de presión política.
Auditorías, Lucha contra la Corrupción y Formación del Siglo XXI
Para recuperar la confianza ciudadana, se plantean auditorías jurídicas a sentencias y procesos emblemáticos, así como a la selección de jueces y los procesos disciplinarios de los últimos años. Estas auditorías deben contar con la participación de expertos independientes y veeduría internacional para detectar corrupción, persecución política y graves errores judiciales. El Consejo de la Magistratura y el TSJ deben revisar causas con denuncias de manipulación política o condenas sin prueba sólida, con miras a mecanismos de justicia restaurativa en los casos más graves.
La pedagogía judicial hacia la ciudadanía y el trabajo coordinado con medios de comunicación también son claves para evitar el «linchamiento mediático» de jueces y comprender que la independencia judicial es condición básica para cualquier democracia funcional.
Cambios legales, juzgados de paz y justicia cercana
En el plano legislativo, la actualización de la Ley del Órgano Judicial debe fortalecer la carrera judicial, estableciendo reglas claras de ingreso, permanencia y evaluación basada estrictamente en méritos, eliminando la provisionalidad que hoy hace vulnerables a la mayoría de los jueces. Se debe establecer una organización territorial que acerque los juzgados a la población y reduzca la mora procesal crónica. La creación de juzgados de paz en todos los municipios permitiría resolver disputas de menor cuantía sin saturar a los tribunales ordinarios, apoyados en jueces itinerantes donde el flujo de casos sea bajo.
Se requiere también impulsar juzgados especializados (por ejemplo, en violencia, familia y faltas menores), fortalecer la defensa pública con autonomía y recursos suficientes, e integrar administradores de gestión procesal en cada juzgado para que los jueces se concentren en lo jurisdiccional: audiencias y sentencias. Paralelamente, el impulso a la conciliación, el arbitraje y otros medios alternativos de solución de conflictos pueden descongestionar el sistema y fomentar una cultura de diálogo y paz social.
Una oportunidad para reconstruir la justicia
Bolivia vive una coyuntura crítica, marcada por la crisis judicial, la polarización política y la cercanía de nuevos procesos electorales. La salida de los «autoprorrogados» y las acefalías abiertas en el TCP y el TSJ no deben ser vistas solo como un problema, sino como la oportunidad para reconstruir el sistema judicial sobre bases de mérito, transparencia y equilibrio de poderes.
Más que facilitar unas nuevas elecciones judiciales con reglas viejas, el desafío es construir, mediante un amplio acuerdo nacional y un referendo aprobatorio, una hoja de ruta de reforma constitucional y política judicial integral que devuelva sentido a la Constitución y vigencia real al Estado de derecho. Solo así la justicia dejará de ser un botín en disputa y podrá convertirse en un servicio público confiable, capaz de garantizar derechos, resolver conflictos y acompañar el desarrollo sostenible de todos los bolivianos.
