El gobierno de Rodrigo Paz inició la aplicación de medidas de política económica con el objetivo de enfrentar la crisis derivada de la (des)política económica implementada por Luis Arce, que llevó al país a una situación de desequilibrios estructurales: caída de las Reservas Internacionales, escasez de divisas, falta de carburantes, déficit fiscal creciente y una tendencia inflacionaria que afecta directamente a las familias. Estos problemas no surgieron de manera aislada, sino que son el resultado de un proceso acumulado que fue debilitando, poco a poco, la economía nacional.
En términos generales, el inicio de la crisis económica, después de un período de estabilidad de catorce años (2006–2019), responde a tres factores principales: primero, el desgobierno de Áñez, iniciado con la represión en Sacaba y Senkata, además de denuncias de corrupción en la compra de respiradores y gases lacrimógenos; segundo, el impacto de la pandemia, que paralizó la economía; y tercero, las decisiones desacertadas de política económica, acompañadas de denuncias de corrupción, durante los últimos cinco años bajo el gobierno de Arce, que profundizaron los desequilibrios y debilitaron la capacidad del Estado para sostener políticas sociales efectivas.
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El resultado es que la llamada “Deuda Social” vuelve a crecer. Sobre este tema, vale recordar el análisis realizado por el economista y especialista en política económica, Pablo Ramos Sánchez, exrector de la UMSA. En 1992, durante una conferencia, Ramos analizó “La Deuda Social en Bolivia”, en el que explicó cómo el neoliberalismo impuesto en el país desde 1985 golpeó con fuerza a los sectores más pobres y a los trabajadores en general, mientras que los principales beneficiados fueron los grupos empresariales favorecidos por las políticas de desregulación y libre mercado.
Ramos señalaba que la expresión “Deuda Social” era un eufemismo utilizado por los gobiernos liberales y los organismos internacionales para disfrazar el verdadero “Costo Social” de aplicar políticas de ajuste estructural, que siempre generan ganadores y perdedores. Ahí radica la diferencia entre las políticas económicas de libre mercado y aquellas con contenido social. La pregunta que el exrector planteaba en 1992, y que sigue vigente hoy, es: ¿quién gana y quién pierde al aplicar una política económica?
Durante el gobierno de Evo Morales, las políticas económicas estuvieron orientadas a responder y resolver los problemas sociales, lo que permitió reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida, así como enfrentar problemáticas estructurales vinculadas a la educación, la salud, la vivienda, los servicios básicos, la infraestructura vial y otros ámbitos que buscaban disminuir la deuda social heredada del neoliberalismo.
El gobierno de Rodrigo Paz, en cambio, ha lanzado sus primeras medidas de política económica reduciendo el gasto público en un 30% y eliminando impuestos que afectaban a los empresarios privados, los grandes capitales y las fortunas más elevadas. Paralelamente, con la participación de los sectores privados, se preparan acciones para “liberar la economía y la producción”, fortaleciendo la consigna de “Capitalismo para todos”. Los responsables de los distintos ministerios provienen, en su mayoría, de filas empresariales y agroindustriales. De esa manera se abre el camino para que los sectores con grandes capitales, vinculados a entidades financieras y empresas transnacionales, vuelvan a beneficiarse, orientando las políticas económicas hacia mayores ganancias bajo la premisa de que son los únicos capaces de generar empleo.
Bajo la consigna de “basta de populismo”, el presidente Paz prepara el terreno para aplicar políticas económicas de ajuste estructural. Por ahora, es fundamental comprender que estas medidas no beneficiarán al pueblo y, concluir recordando la reflexión de Pablo Ramos: “las principales variables en los modelos macroeconómicos neoliberales son los salarios, el empleo, el consumo personal, el gasto social y otros indicadores del nivel de vida de los trabajadores. A los gobernantes les resulta más fácil y efectivo aplastar los reclamos sociales mediante la capacidad represiva del Estado, que enfrentar a los grupos de poder empresarial y a los organismos internacionales”.
(*) Roberto Aguilar Gómez es docente investigador de la UMSA y exministro de Educación
