El pago de impuestos es una responsabilidad inherente a todos los ciudadanos que realizan actividades económicas. No solo porque se trata de una exigencia legal, sino que constituye un acto de corresponsabilidad social orientado a sostener los gastos públicos mediante la recaudación tributaria. Estos recursos permiten, además, la redistribución de ingresos hacia los segmentos sociales con mayores necesidades.
En Bolivia, las administraciones tributarias aplican acciones de control posterior, como los procesos de fiscalización, para evitar conductas de evasión impositiva. Si bien estas operaciones forman parte de sus funciones y son importantes para garantizar la recaudación, su uso frecuente suele generar fricciones con los contribuyentes, lo que puede derivar en resistencia al cumplimiento de sus obligaciones.
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Una administración tributaria que depende —en gran medida— de acciones de fiscalización y cobranza para asegurar el cumplimiento tributario compromete su eficiencia en dichas funciones. Cuando estas tareas no se ejecutan de manera eficaz, pueden convertirse en un incentivo para la evasión, generando un ambiente de impunidad que constituye una de las principales causas de la omisión y el fraude fiscal.
Debe tenerse presente que las instituciones recaudadoras generalmente carecen de los recursos humanos y materiales adecuados para el cumplimiento eficiente de sus funciones, limitaciones que afectan negativamente su capacidad operativa. Por esta razón es conveniente que promuevan en el contribuyente el cumplimiento voluntario de sus obligaciones, facilitando la correcta autodeterminación del monto a tributar y la oportuna declaración y pago del impuesto, aspectos que disminuirán considerablemente el esfuerzo administrativo.
Para que el cumplimiento voluntario tenga efectos positivos en la recaudación es necesario que el sistema tributario esté estructurado conforme a principios tributarios, especialmente aquellos relacionados con la legalidad, igualdad, progresividad y capacidad económica. De manera complementaria, es fundamental implementar programas de educación tributaria que mejoren la percepción y la actitud del público hacia la tributación. Con el tiempo, esta educación contribuirá a la formación de una conciencia fiscal en toda la sociedad.
Para incidir efectivamente en el pago espontáneo de impuestos, las administraciones tributarias deben generar una sensación de riesgo en el sujeto pasivo, demostrando fortaleza técnica y firmeza institucional en sus actuaciones. Para ello, estas instituciones deben contar con personal capacitado tanto técnica como operativamente, además de disponer de herramientas tecnológicas adecuadas.
El cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de la totalidad de los contribuyentes puede considerarse una utopía —pues implicaría un acatamiento absoluto de las disposiciones legales, circunstancia que no se presenta ni siquiera en las sociedades más desarrolladas—; no obstante, es necesario que las administraciones tributarias procuren, cada vez con mayor énfasis, aproximarse a dicho objetivo.
En definitiva, la consolidación del cumplimiento voluntario para el pago efectivo de impuestos beneficiará a las administraciones tributarias al evitar la sobrecarga de sus acciones de fiscalización y cobranza.
(*) H. Erik Ariñez Bazán es abogado y economista
