Bolivia atraviesa uno de los momentos económicos más tensos de su historia reciente. El gobierno tiene poco tiempo y necesita grandes decisiones. La población espera respuestas y la maquinaria imparable del Estado, si no se lo alivia, causará desastres sociales y políticos.
Un país avanzando con el capó humeante
Bolivia se mueve hoy como una maquinaria que ha recorrido demasiados kilómetros sin pasar por el taller y ha sido desbaratada por gobernantes que se llevaron todo lo que pudieron robar. Donde uno mira, algo vibra fuera de ritmo: empresas públicas que no producen y no generan utilidades, combustibles, harina, aceite objeto de negociados, medianos y pequeños empresarios que cierran sus negocios, precios inquietos en los mercados, tensión en los bancos, un Estado que carga un peso enorme sin poder detenerse. El motor no se ha apagado, pero vibra, tose, avisa.
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Un Estado gigante que no puede parar
La maquinaria pública avanza a fuerza de obligaciones que no pueden postergarse:
236.000 maestros, 51.000 policías, 45.000 trabajadores en salud, 24.000 efectivos militares y más de 1,2 millones de adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y esperan el incremento prometido. Detener ese engranaje no es una opción.
La inflación, que ya se aproxima al 23%, golpea el bolsillo de millones de familias. A esto se suma un año que cerrará con un PIB en -3%, según las cifras recalculadas del INE. Es una combinación compleja: menos producción y precios más altos, una doble presión que cuesta contener y se hace cada día más difícil de encontrar las respuestas más convenientes.
Frente a estas condiciones alarmantes, cuando el nuevo Gobierno asumió, la gente respiró con alivio. Finalmente, alguien parecía dispuesto a enderezar la ruta. Pero el tiempo político se agota rápido. Los sectores que antes vivían del antiguo régimen ya buscan recuperar sus espacios, mientras hogares y empresas están cada vez más al límite.
El país necesita diésel para moverse y dólares para respirar
De todos los problemas, uno destaca por su urgencia: el diésel. El país depende de este combustible para mover alimentos, insumos, maquinaria agrícola, transporte y producción industrial. Sin él, el camión Bolivia se queda varado en plena carretera. Y mientras escasea el combustible, se enfría la economía y se acelera el costo de la vida.
En este punto, al gobierno solo le quedan dos recursos decisivos: tiempo y dólares. El primero no se puede comprar; el segundo solo tiene la fuente del crédito de organismos multilaterales. Y se requieren en grandes cantidades.
Para estabilizar la situación hacen falta al menos 2.500 millones de dólares, tal vez más.
A eso debe añadirse un monto no menor para atender la emergencia social: alrededor de 1.000 millones de dólares en transferencias directas, un alivio inmediato para los hogares más golpeados por los aumentos y la escasez que generarán las medidas de shock que se deben tomar cuanto antes mejor.
Dar oxígeno a la gente no es un lujo: es una condición mínima para evitar que la tensión social se convierta en un incendio difícil de apagar.
El ajuste que viene y el colchón que hace falta
Al país le espera un camino de decisiones duras, como el levantamiento de las subvenciones a combustibles y alimentos. También en medio del camino está el cierre de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo (devaluación). Sin un “colchón” financiero, cualquier ajuste provocaría una cadena de incrementos: tarifas más altas, alimentos encarecidos y un costo de vida que subiría sin freno.
Peor aún, si la población percibe que no hay suficientes dólares en circulación, correrá a comprarlos, disparando el tipo de cambio y, en consecuencia, los precios de casi todo. Es la receta perfecta para que el motor se recaliente en extremo, aunque nunca puede parar a riesgo de colocarlo al punto de explotar.
Hay alternativas
Bolivia no está condenada. Un motor recalentado puede enfriarse, repararse y volver a funcionar. Pero necesita acciones que superen las denuncias y los diagnósticos.
Hoy el país tiene una oportunidad concreta: asegurar financiamiento, administrar con pulso firme la transición y proteger a los más vulnerables, que serán los primeros en caer si el ajuste llega sin amortiguadores.
La ciudadanía ya hizo su parte: dio tiempo, confianza y paciencia. Ahora se necesita que el Gobierno coloque el financiamiento urgente en el centro de su agenda, con la claridad y la velocidad que la situación exige.
Luego vendrá la reactivación, un gran impulso al desarrollo, la creación de empleos y un camino largo por recorrer camino al bienestar social sostenible.
El motor sigue encendido. Y si no se actúa pronto, puede pasar del humo al incendio.
(*) Alberto Bonadona Cossío es analista económico y docente universitario
