En un momento crítico para la definición del rumbo del litio en Bolivia, dos reconocidos expertos internacionales —el consultor en minería y energías limpias Andrés Brockmann y el abogado corporativo experto en arbitrajes, Ernesto Rossell— coincidieron en que la decisión más estratégica y responsable del actual gobierno de Rodrigo Paz Pereira es mantener vigentes los contratos ya firmados con las empresas china Hong Kong CBC (subsidiaria de CATL) y rusa Uranium One Group (subsidiaria de Rosatom).
Romperlos, advierten, significaría no solo perder socios tecnológicos de primer nivel, sino también arriesgar la ventana de oportunidad más relevante en la historia del país para industrializar su recurso estratégico.
Ambos especialistas destacaron que, más allá de las disputas políticas o los cambios de administración, Bolivia enfrenta un plazo acotado —hasta 2030— para concretar las inversiones y la producción a escala industrial de litio, antes de que el mercado global se reconfigure con nuevas tecnologías, fuentes alternativas y competencia creciente.
Andrés Brockmann, consultor internacional con amplia experiencia en cadenas de valor de baterías y transición energética, explicó que los mercados del litio operan bajo una dinámica de equilibrio entre oferta y demanda, y que, si bien la demanda seguirá creciendo, el horizonte decisivo es el año 2030. «Después de esa fecha, entrará en juego el reciclaje masivo de baterías, la competencia del hidrógeno, el sodio y otros minerales críticos. Por eso, debemos arrancar y terminar nuestras inversiones antes de 2030. No podemos darnos el lujo de reiniciar procesos desde cero».
En ese contexto, Brockmann valoró los avances técnicos logrados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) junto con las empresas china y rusa. «La parte técnica ha sido bien lograda. Ahora hay que aprovechar eso al máximo, despolitizar el tema y ajustar las expectativas sobre el tamaño real del negocio del litio y sus beneficios para Bolivia». Insistió en que ambos contratos deben adaptarse a la futura Ley del Litio, que deberá incorporar los intereses de Potosí, Oruro y las comunidades circundantes, pero sin anular lo ya construido.
Además, el experto lanzó una visión ambiciosa pero realista: «El sur del Salar de Uyuni tiene más potencial que los 60 proyectos actuales de Argentina. Bolivia podría albergar 15 o 20 contratos más en Uyuni y 2 o 3 en Coipasa, siempre bajo criterios de sostenibilidad ambiental y uso eficiente del agua». Pero para eso, primero debemos demostrar que somos capaces de ejecutar los dos primeros acuerdos, acotó.
Por su parte, Ernesto Rossell, abogado corporativo y experto en arbitraje internacional, puso el foco en las consecuencias de una eventual ruptura contractual en el contexto de un nuevo gobierno. «El sentido común marca que la palabra de una autoridad genera sensibilidad a nivel internacional. Y aunque estos temas se enmarquen en debates constitucionales o políticos, su impacto real es económico: ¿qué le conviene al país para lograr mejores días?», cuestionó.
Rossell recordó que Hong Kong CBC —ligada a CATL, el mayor fabricante mundial de baterías— y Uranium One —subsidiaria del gigante nuclear ruso Rosatom— son actores de primer orden. «Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. En medio de un contexto de transición gubernamental complejo, preservar lo avanzado es una señal de seriedad», afirmó.
El abogado advirtió que, si bien la Constitución Política del Estado impone límites —como la prohibición de concesiones mineras y el control estatal del 51 %—, eso no debe traducirse en rigidez operativa. «La soberanía es un principio legítimo, pero es difícil imponer tus reglas al mundo si no ofreces condiciones mínimas de viabilidad. Tenemos dos contratos. ¿Cuál es la oferta de posibilidades reales? Eso debe guiar las decisiones jurídicas y políticas».
Ambos expertos coincidieron en que la solución no es romper, sino adaptar. Brockmann propuso que, una vez aprobada la nueva Ley del Litio, los contratos vigentes se ajusten a sus mandatos, especialmente en materia de participación regional, reparto de beneficios y estándares ambientales. «Hay que tomar también a las otras empresas que ya han sido técnicamente avaladas y que han demostrado que su tecnología de extracción directa del litio (EDL) funciona en condiciones reales», señaló.
Rossell, por su parte, enfatizó la importancia de enviar señales claras al mercado internacional: «En un momento en que el país necesita inversión, estabilidad y credibilidad, mantener los acuerdos vigentes es la mejor carta de presentación del nuevo gobierno».
Brockmann cerró con una frase contundente: «El litio es más importante para Bolivia que el litio boliviano para el mundo. Cuando entendamos eso, recién podremos trabajar en conjunto, con pragmatismo, urgencia y visión de largo plazo».
En ese espíritu, los expertos coinciden: la decisión más racional, estratégica y responsable del gobierno de Rodrigo Paz es no romper los contratos del litio, sino fortalecerlos, adaptarlos y ejecutarlos con transparencia, gobernanza y participación social. Porque, como advierten ambos, la oportunidad no esperará.
