El abogado constitucionalista Felipe Cordero criticó la imprevista decisión del presidente del Estado, Rodrigo Paz, de cerrar el Ministerio de Justicia y aseguró que esta acción hace visible la falta de seguridad jurídica del país a nivel internacional.
“De la nada nombra un nuevo ministro y tres horas después elimina el ministerio. Desde fuera uno diría, ¿Qué seguridad jurídica puedo tener yo como persona, como corporación o como empresa si uno de los aspectos más importantes de un estado es la justicia? Además, es necesario preguntarse: ¿Cómo se van a distribuir ahora las competencias del ministerio de justicia?”, señaló en entrevista con La Razón Radio.
Viceministerios y otras dependencias
El ahora extinto Ministerio de Justicia estaba compuesto por cinco viceministerios: Justicia Indígena Originaria Campesino, Igualdad de Oportunidades, Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Justicia y Derechos Fundamentales; y el de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
Asimismo, esta cartera del Estado tenía tuición sobre otras instituciones descentralizadas como: la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu), el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y, la Gestora del Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía (Gestora SAJ-RPA), entre otros.
Competencias
Según el jurista, estos organismos estaban encargados de trabajar con sectores vulnerables (niños, niñas, adolescentes y personas mayores) para garantizar su acceso al sistema de justicia con igualdad de oportunidades. Además de brindar defensa pública a personas con procesos judiciales que no contaban con los recursos para contratar a un abogado.
“Todas estas instituciones y viceministerios deben estar ahora en colapso total (…) Yo creo que el gran problema es no haber pensado y tomar decisiones muy deprisa. Decisiones que realmente van a afectar los derechos fundamentales de las personas, porque afecta el derecho al acceso a la justicia, al debido proceso y otros. Deberían haber distribuido todas las tareas previamente, para hacer las cosas bien, porque ahora viene el gran problema ¿Cómo distribuimos esas competencias?”, cuestionó.
Finalmente, Cordero criticó la premura con la que se tomó la decisión que además puede generar retrasos en una reforma judicial, al mantener la estructura de jueces y fiscales como estaba en el anterior gobierno.
“No podemos directamente erradicar de un día a otro un ministerio tan grande y a la vez tan importante. Si bien hay muchas críticas, como el tema de la corrupción y el tráfico de influencias que han afectado mucho a la justicia estos últimos años, es esa estructura la que tiene que derivarse. Pero seguimos con los mismos jueces y fiscales que estaban en el anterior gobierno ¿En qué ha cambiado la justicia de momento? ¿Quién da la justicia en realidad?”, culminó.
