La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación tras el anuncio del presidente Rodrigo Paz de cerrar el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Advirtió que la medida podría dejar sin una entidad rectora a sectores que dependen de políticas públicas, coordinación estatal y servicios esenciales para ejercer sus derechos humanos.
Según la institución, el Ministerio de Justicia tiene bajo su tuición a reparticiones estratégicas para la protección de sectores vulnerables. Estos servicios, recordó, son “pilares fundamentales” para cumplir los mandatos constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de derechos humanos.
Defensoría del Pueblo
Entre las entidades que dependen del ministerio, la Defensoría mencionó al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y el Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu). Estas instancias brindan atención jurídica, psicológica y social gratuita a personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.
La Defensoría también alertó sobre la situación de los consejos y secretarías técnicas que estaban a cargo del Ministerio de Justicia, como el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas y los consejos sectoriales para la vejez y para la niñez. Estas estructuras permitían un trabajo interinstitucional y articulado para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas de alcance nacional.
Ministerio de Justicia
Ante el cierre del ministerio, la institución exigió al Órgano Ejecutivo brindar “certidumbre” sobre el destino de todas estas reparticiones y sobre la nueva estructura estatal que asumirá su administración.
Finalmente, la Defensoría recordó que, como institución nacional de derechos humanos con estatus “A”, su labor consiste en vigilar el cumplimiento y la promoción de los derechos humanos establecidos en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, actuando con independencia y sin recibir instrucciones de ningún órgano del Estado.
