El sistema político de partidos, la militancia, la declaración de principios, columna vertebral de la democracia liberal representativa, que dan sentido al sistema de gobierno democrático en nuestro país es inexistente. Nuestro aparente sistema político se asemeja a una invención imaginativa cada lustro; es la imagen fetichizada del pilar principal que da sustento y valor al Estado de derecho.
Nuestra Constitución reafirma como “principio y valor al pueblo”; de ella emerge la “soberanía”; la forma de ejercer —la soberanía— es “directa o delegada”; el sistema de gobierno es republicano, reside en la “democracia participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. La organización de los órganos Ejecutivo y Legislativo, también de los gobiernos departamentales y municipales, emerge de la democracia liberal representativa; es decir, delegada.
La democracia representativa es la institución política que tiene como fuente inalienable a la ciudadanía a través del voto universal, secreto y obligatorio para la elección de las autoridades.
Uno de los ejes de la democracia representativa es el sistema de partidos políticos, entendido como “el conjunto de organizaciones políticas reconocidas por el Órgano Electoral Plurinacional, constituidas para representar la voluntad popular y disputar democráticamente el ejercicio y administración del poder público”. Una organización o partido político obligatoriamente requiere tener: “estatuto orgánico; estructura partidaria nacional; militancia y declaración de principios”. Es decir, los partidos políticos son “entidades de derecho público”, por ello tienen la exclusividad para participar en las elecciones; por lo tanto, el monopolio de la representación y de la organización de los dos poderes políticos del Estado: Ejecutivo y Legislativo.
El requisito ineludible para acceder democráticamente dirigir el Estado es ser organización política en el strictu sensu, es la obligación que le faculta a ejercer ese derecho, pero contrariamente a la ilusión romántica de la democracia liberal representativa, lo que tenemos hoy en día es una suma siglas electorales, cuyos propietarios son esposos, familias, grupos de amigos, que deambulan en el desierto electoral, alquilan o se arriman al árbol que mejor sombra remunerada les dé los próximos cinco años.
Los otrora robustos partidos que maduraron (MNR), crecieron (MIR) y nacieron en la dictadura (ADN) fueron el pilar monopólico del sistema político desde la era democrática neoliberal; se derrumbaron y se autoincineraron; sus eternos aliados sin brillo propio que gobernaron interrumpidamente desde el 85 conjuntamente ese trípode fueron el PDC y el FRI, hoy son las siglas electorales conjuntamente Unidad Nacional (UN), una subdivisión del MIR, las que tienen la representación casi en su totalidad de la Asamblea Legislativa.
Este déficit de la democracia representativa —de siglas electorales y no partidos políticos— está instalado; lo trágico es que se ha constituido en normalidad, es parte de la cotidianidad pública y de los poderes estatales.
Un hecho que parece anecdótico es que, al inicio de las deliberaciones legislativas, algunos parlamentarios emitieron opiniones diferentes a los jefes de bancada; fueron amenazados y ser procesados por transfugio. Implícitamente, los medios abrieron un debate sobre las opiniones entre los asambleístas, la respuesta vino de un ciudadano consultado en la calle por un medio: “como pueden ser tránsfugas si ni siquiera son militantes de partido que fueron elegidos”. El sentido común grafica el estado de situación.
La cualidad de la institucionalidad en un escenario eminentemente político no está dada solo por cumplir con los procedimientos, que hacen a la forma, sino por cualidad ideológica de la representación.
Desde 2006, la democracia vive ensayos electorales frentistas; en cada elección la retórica es la misma y el desenlace también. Los frentes se diluyen al día siguiente del acto electoral, los y las parlamentarias se subdividen en función de afinidades e intereses personales y/o grupales; la mayoría llega a fin de su gestión autoproclamando su independencia y mutando sin sonrojarse a otro frente electoral.
Este déficit de la democracia es la crisis de la institucionalidad de los actores de la democracia.
La democracia como forma de gobierno tiene implícitamente su vitalidad, pero la forma y la práctica para el funcionamiento de la democracia está a la deriva; el soberano, democráticamente, sigue delegando su representación, los depositarios de ese mandato están en deuda con la historia y el presente de la democracia.
La respuesta no está en deseo, sino en el testimonio como práctica y política cotidiana.
César Navarro Miranda
es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.
