Un operativo encabezado por los asambleístas departamentales Samanta Coronado, Israel Alanoca y Aida Quispe destapó este miércoles un caso de corrupción en el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, donde se exigía a más de 500 funcionarios pagos periódicos a cambio de mantener sus cargos.
Según las denuncias recibidas por los legisladores, los cobros se hacían, presuntamente, bajo instrucciones del gobernador Santos Quispe.
“Una denuncia anónima nos indicó que en esta oficina del edificio V Centenario se estaban realizando cobros a todo el personal del Sedes. Entonces nos hemos constituido Israel Alanoca, Aida Quispe y mi persona, y descubrimos infraganti a estos funcionarios. Uno de ellos forcejeo con Israel y salió corriendo de la oficina, pero pudimos agarrarlo más abajo y se quedó con custodia policial”, relató Coronado.
En el interior de la oficina, los legisladores departamentales encontraron las planillas de cobro. Una computadora con la base de datos del personal y tres cajones llenos de dinero en billetes de diferentes cortes: Bs 20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200.
“Son más de 500 funcionarios. Hemos podido ver el escritorio lleno de dinero que cobraban a los funcionarios. Está la computadora, es donde están todas las listas, en esta computadora está almacenado todo. Es vergonzoso este tema de corrupción en el Sedes”, manifestó el asambleísta Israel Alanoca.
De acuerdo con los legisladores, los cobros se realizaban mensualmente. El monto se definía de acuerdo al cargo. Además, según las denuncias, este tipo de prácticas también se replicarían en otras reparticiones de la Gobernación, como el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), el Servicio Departamental de Deportes (Sedede) y otros.
DECLARACIÓN
Según los asambleístas, una de las funcionarias aprehendidas admitió que los cobros eran “por instrucción del gobernador Santos Quispe”. La investigación preliminar apunta a posibles delitos de cohecho pasivo, beneficio en razón del cargo o extorsión.
En el lugar también se encontraba un exfuncionario del Sedes que afirmó haber sido despedido por negarse a realizar los pagos exigidos. “Me dieron mi memorándum de agradecimiento por no haber cancelado estos cobros ilegales”, relató.
Según su testimonio, inicialmente los aportes se recaudaban dentro del propio Sedes, pero posteriormente se habría instruido trasladar la operación al edificio V Centenario.
Su versión coincide con las denuncias anónimas que dieron origen al operativo y que fueron acompañadas con capturas de pantalla de un grupo institucional de WhatsApp denominado “Hacemos Gestión”.
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En esos mensajes se convocaba al personal a realizar los pagos en la nueva oficina: “Les esperamos con el compromiso de siempre los días lunes 10, martes 11 y miércoles 12, de 09.00 a 14.00, en nuestra nueva dirección: edificio V Centenario, segundo piso, oficina 20A. (…) Se recomienda a quienes tengan pendientes de meses anteriores ponerse al día a la brevedad, a fin de evitar observaciones posteriores”, se lee en uno de los textos.
Los legisladores denunciantes pidieron también que se investigue quién alquiló la oficina donde se realizaban los cobros y que se identifique a todos los responsables de este hecho de corrupción.
