El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), junto al Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, ratificó al Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, programado para el viernes 14 de noviembre en Sucre.
El encuentro marcará el inicio de un proceso de transformación estructural del sistema judicial boliviano y excluirá a los cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, explicó que el objetivo del diálogo es construir una justicia independiente, moderna y al servicio del ciudadano. “Este diálogo va a ser el inicio de una reforma judicial que el país necesita, y nosotros, como Órgano Judicial hemos querido tomar la iniciativa aprovechando también la predisposición del Ejecutivo y de las nuevas autoridades del Legislativo”, afirmó Saucedo, citado por El Deber.
TSJ
El evento contará con la presencia del presidente Rodrigo Paz, representantes del Órgano Legislativo, vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), universidades, colegios de abogados y el cuerpo diplomático acreditado en el país. Se organizarán cuatro mesas de trabajo: Reforma normativa, Presupuesto judicial, Carrera judicial y Desarrollo tecnológico.
Saucedo confirmó que no fueron invitados los cinco magistrados del TCP que permanecen en funciones desde 2017. Entre ellos su presidente, Gonzalo Hurtado, además de René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo. “A ellos no los hemos invitado. Solo a los cuatro electos en diciembre de 2024”, aclaró.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, recomendó a los nuevos asambleístas convocar de inmediato a elecciones judiciales complementarias para reemplazar a los magistrados prorrogados, en cumplimiento de la Ley 075 de cese de mandato promulgada el año pasado por Andrónico Rodríguez.
Justicia
A diferencia de anteriores gestiones, esta iniciativa surge del propio Órgano Judicial y no del Ejecutivo. No ocurrió así con los expresidentes Evo Morales o Luis Arce. Además, no fueron convocadas las organizaciones sociales afines al MAS, que en el pasado participaron activamente en las cumbres de justicia.
Saucedo recalcó que esta vez el proceso busca una transformación institucional sin injerencia política. “No le debemos nada a los políticos. Cuando un ministro quiso someter al Órgano Judicial, hicimos respetar nuestra independencia”, sostuvo.
El encuentro del 14 de noviembre se desarrollará fuera del marco de la Ley 898, que en 2016 otorgaba al Ministerio de Justicia la dirección de la Comisión de Seguimiento de la Cumbre Judicial. Según el TSJ, esa estructura fue disuelta por generar subordinación política y obstaculizar una verdadera reforma.
La convocatoria abre una nueva etapa en la búsqueda de una justicia imparcial, eficiente y despolitizada. Hay una coyuntura marcada por la transición de gobierno y el desafío de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
