Este miércoles, tras cinco días de espera, el presidente Luis Arce promulgó oficialmente la Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias de Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social, conocida como ley de diferimiento de créditos.
La ley establece tres medidas centrales para prestatarios de vivienda social y micro y pequeñas empresas. La suspensión temporal de embargos y ejecuciones judiciales; diferimiento de pagos de capital e intereses por seis meses; y el mantenimiento de las condiciones originales de los créditos, sin cobros ni intereses adicionales.
“Las entidades de intermediación financiera y las entidades de arrendamiento financiero que operan en el territorio nacional, por el plazo de seis (6) meses, computables a partir de la publicación de la presente Ley, deben diferir automáticamente los pagos de las cuotas de los créditos otorgados para vivienda de interés social y de los créditos de las unidades económicas de tamaño micro y pequeña, comprendiendo dichas cuotas el pago a capital e intereses, seguros, comisiones y otros cargos”, se lee en el documento, publicado en la Gaceta Oficial.
Rechazo
Por este motivo, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural) rechazaron esta iniciativa, debido a que consideran que afectará la liquidez del sistema financiero y, a la larga, será contraproducente para los propios prestatarios.
“La norma alterará el flujo del sistema financiero y derivará en una reducción significativa en la liquidez de las entidades de intermediación financiera”, protestaron el pasado viernes, cuando la Asamblea Legislativa sancionó el proyecto.
Inclusive, un diputado electo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) había propuesto una iniciativa legislativa para revertir la ley. Señaló que se trataría de la norma más corta en vigencia en la historia del país.
Prestatarios
Sin embargo, desde el sector prestatario (que aglomera a comerciantes, transportistas, cuentapropistas, entre otros) advirtieron con medidas de presión si es que se eliminaba la ley que consiguieron tras meses de presión en las cámaras de Senadores y Diputados.
De acuerdo con el sector, se espera que al menos 1,2 millones de prestatarios se vean beneficiados por la iniciativa, por lo que otros 600.000 quedaron fueron del alcance de la norma. Por ello, los prestatarios buscarán nuevas medidas en favor del sector bajo el nuevo gobierno del PDC.
La medida se justifica por la crisis económica que atraviesa el país, motivo por el que muchos sectores no pueden trabajar ni generar movimiento económico para pagar sus intereses por los préstamos adquiridos con la banca.
Al no tratarse de una condenación, tras el plazo de seis meses, tiempo en el que se estima que la economía se reactivará, deberán volver a cumplir con sus obligaciones con las entidades financieras.
