El abogado constitucionalista Israel Quino alertó que la acción popular que busca cesar a los magistrados electos en 2024 puede afectar el mandatado del presidente electo Rodrigo Paz y su vicepresidente Edmand Lara.
La demanda fue admitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, y se encuentra a la espera de una audiencia judicial que fue suspendida el jueves pasado.
“Increíble. Los tentáculos de la justicia autoprorrogada con una acción popular en Beni quiere cesar a todos los magistrados elegidos x voto popular el año 2024: del TCP, TSJ, TA y CM. Si eso ocurre, mañana podrán cesar al presidente electo Rodrigo Paz y al vicepresidente Edman Lara (sic)”, escribió el jurista.
En esa línea, la magistrada del TCP, Paola Prudencio, denunció el sábado de acciones constitucionales que buscan desconocer a las autoridades judiciales electas y que, advirtió, ponen en peligro las elecciones subnacionales.
“Las elecciones subnacionales estarían en peligro. Nosotros reafirmamos que, al momento de ser posesionados, juramos cumplir la Constitución y de ninguna manera podemos permitir que a la genta se le induzca en error”, señaló Prudencio.
La magistrada recordó que la democracia y los procesos electorales no dependen de cinco personas, en alusión a los magistrados prorrogados del TCP, y subrayó que la organización de los comicios es competencia exclusiva del Órgano Electoral.
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Prudencio denunció que esta acción busca desestabilizar el Órgano Judicial y el TCP, situación que no debe “seguir permitiéndose”.
La acción fue interpuesta por el abogado Percy Claure contra los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP): Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo, Karem Gallardo e Isidora Jiménez. Asimismo, la demanda alcanza a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El denunciante solicita que se ordene el inmediato cese en funciones de los magistrados “autoprorrogados”, “por carecer de título legítimo para el ejercicio de la jurisdicción constitucional” y además “el cese de funciones del magistrado Paul Enrique Franco Zamora y de todos los magistrados electos de manera fraudulenta el año 2024”.
También pide que se “inste a la Asamblea a iniciar de manera inmediata el procedimiento de elecciones de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, (…) en un plano no mayor a 90 días”.
En diciembre de 2024, se llevaron las elecciones judiciales parciales, proceso marcado por diversas acciones judiciales que retrasaron su desarrollo. Entonces, sólo se eligieron a 19 de las 26 autoridades que integran el Órgano Judicial ―Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura― y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
