La prensa informa que la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) pierde Bs 42,7 millones en promedio en los últimos cuatro años y tiene obligaciones financieras por más de $us 100 millones. Los datos son alarmantes, pero lo que no dice la crónica son las causas estructurales que hacen que el fenómeno sea recurrente.
La nacionalización de la EMV en febrero 2007 se dio posteriormente a la reversión de los contratos de alquiler que tenían los cooperativistas en Huanuni (noviembre 2006); la lógica era mantener la cadena productiva en manos del Estado, sin embargo, se la creó como empresa independiente y autónoma.
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Cuando se fundó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) se le dio la tarea de dirigir la cadena productiva: exploración, explotación, refinación, fundición y comercialización; sin embargo, poco a poco se le fue cercenando sus tareas. Así las concesiones auríferas de Aramayo en la provincia Larecaja se transfirieron al Banco Minero de Bolivia, para que preste apoyo a las cooperativas en la explotación; así mismo se creó el servicio geológico de Bolivia para, entre otras funciones, hacer exploraciones; lo propio ocurrió con las fundiciones creando la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), en 1966; de esa época viene el choque de intereses entre las dos empresas estatales.
La fundición se convirtió en comercializadora, sin capital para esta operación, lo que se subsanó obligando a COMIBOL a aceptar un pago diferido por el mineral entregado a la fundición, mientras se comercialice el metal. El costo de fundición fue arbitrariamente impuesto, favoreciendo a la minería privada, cobrándole un costo inferior al que pagaba la empresa estatal. Esta modalidad le quita la propiedad del metal a COMIBOL y le hace perder su capacidad de exportador, y por tanto la margina del sistema financiero internacional.
El 2007 se nacionalizó la fundición de Vinto y, como COMIBOL era una empresa pública, prohibida de producir, se le dio el carácter de empresa autónoma, separada de COMIBOL; los problemas se darían en la práctica. Una producción no coordinada entre la mina y la fundición llevó a que Vinto compre minerales más allá de su capacidad de tratamiento. El 2008 se dio una baja en el precio del estaño sin que el mineral haya sido fundido ni menos comercializado, cuando se lo fundió y vendió, había una diferencia negativa entre el costo de compra del mineral y de venta del metal; esta diferencia dio una pérdida, el 2008, de Bs 105,7 millones. El hecho que las dos empresas actúen independientemente significa que sus transacciones deben ser gravadas con el impuesto del 13% al comprador, sobre el precio del mercado internacional, lo que imposibilita que Vinto pague el valor del metal más el IVA. Esto fue resuelto como una deuda a COMIBOL, a ser honrada cuando Vinto recuperase los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), lo que no ocurrió por la no disponibilidad de éstos por el Tesoro General de la Nación, sumando otra deuda de $us 100 millones.
Finalmente, en el marco de la nueva Constitución (2009) se promulgó la Ley de Minería (2014), dándole a COMIBOL el rol de empresa matriz de sus empresas dependientes, entre ellas la EMV, siendo las transacciones entre sus empresas subsidiarias un asunto contable; igualmente se le dio la potestad de coordinar las operaciones entre ellas. Lo lamentable es que esta disposición no se ejecutó porque estaba condicionada a los lineamentos del COSEEP, un ente inexistente, y así se prolongó la vigencia de la ley minera de Goni hasta el día de hoy para COMIBOL.
La EMV, la Empresa Huanuni y la Empresa Colquiri han emprendido sus tareas en forma independiente, encarando proyectos millonarios, sin supervisión ni coordinación, llegando a invertir cerca de $us 200 millones con la meta de lograr una producción de 20.000 TM de lingotes de estaño, que hoy se ha estancado en 10.000 TM.
El nuevo gobierno, más allá de solucionar entuertos, debe asumir la realidad de estas inversiones, como también en el caso del litio, donde hay una inversión de $us 700 millones en dos plantas industriales que no funcionan. Así, la minería estatal podría dar un alivio a la falta de divisas en la economía nacional.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
