Ante la reaparición de focos de incendio en distintas regiones del país, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB) pidió a los jueces agroambientales activar de oficio su competencia cautelar ambiental y hacer cumplir las disposiciones del Tribunal Agroambiental, emitidas en septiembre, para fiscalizar la prevención, mitigación y control de los incendios forestales.
“Exigimos que los jueces ambientales hagan el requerimiento de informes detallados sobre planes de emergencia y que, además, realicen inspecciones directas en los lugares de mayor riesgo”, afirmó el presidente del CIAB, Juvenal Bonilla, quien recordó que la situación más crítica se concentra en la Chiquitania, Amazonía y el Chaco.
Un estudio realizado este año por la institución revela que el 75% de los incendios registrados en 2024 en Santa Cruz se produjo en tierras fiscales o en proceso de saneamiento, donde el Estado carece de presencia efectiva. Según Bonilla, la falta de control estatal sobre estos territorios es la causa principal de la expansión del fuego.
“La inacción puede derivar en desastres como los que vivimos el año pasado. No podemos esperar a que el daño sea irreversible para recién actuar”, advirtió.
Reporte
El reporte del CIAB también desmonta la idea de que los incendios están vinculados a la expansión agrícola. De acuerdo con la investigación, entre 2019 y 2024, la superficie cultivada en Santa Cruz solo creció 0,45% anual, pese a que 7,6 millones de hectáreas fueron afectadas por el fuego el año pasado. “Esto demuestra una desvinculación entre los incendios y la expansión agrícola”, explicó Bonilla.
El Tribunal Agroambiental dictó en septiembre 15 medidas precautorias para prevenir incendios, entre ellas la obligación de las instituciones de informar sobre el presupuesto destinado a prevención, detallar acciones implementadas para evitar nuevos focos, equipar a los bomberos y exhortar al Ministerio Público a investigar y sancionar a los responsables.
Incendios
Asimismo, se mantienen las prohibiciones de quemas y desmontes en tierras fiscales y áreas protegidas, las zonas más afectadas por los incendios.
El CIAB valoró estas disposiciones y exhortó a las autoridades a garantizar su cumplimiento. Bonilla enfatizó que el verdadero problema radica en “la ausencia de fiscalización y gestión integral por parte del Estado, lo que permite ocupaciones irregulares y convierte a estos territorios en focos permanentes de incendios”.
Además, los ingenieros agrónomos insistieron en que las acciones judiciales y gubernamentales deben centrarse en la conservación, restauración y prevención en tierras bajo responsabilidad estatal, evitando la criminalización de sectores productivos que operan dentro del marco legal.
