Hace diez años Rodolfo Eróstegui publicó un libro con este título. A pesar de las críticas que se hacía a la explotación del Cerro Rico de Potosí, que pone en riesgo el símbolo nacional y monumento de la humanidad, sus conclusiones eran que su explotación era irracional, provocaba contaminación ambiental, su contribución económica a Potosí era poca, la riqueza fugaba al exterior, etc., pero todos en Potosí vivían de su explotación.
El año 2010 hubo una enorme movilización del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), cuyas reivindicaciones, entre otras, eran la preservación de la forma cónica del Cerro, el funcionamiento de las fundiciones de plomo-plata de Karachipampa y la de zinc-plata. Al respecto se acordó hacer un estudio geológico para determinar la situación del Cerro y recibir recomendaciones que obligatoriamente debían ser cumplidas por todas las partes. El estudio, financiado con dos millones de bolivianos por COMIBOL, determinó las zonas rojas en la cuales ya no se debía hacer explotación, lo que molestó a las cooperativas mineras que se negaron a cumplir el acuerdo; de paso, COMCIPO mostró que no tenía tuición sobre este sector. Además, COMIBOL invirtió $us 10 millones en la reparación de Karachipampa, sin los resultados esperados; el problema es estructural, pero los cívicos no se pronunciaron nunca y hoy languidece con una operación casi marginal. En cuanto a las fundiciones de zinc-plata, se logró que el gobierno autorizara a COMIBOL la licitación de dos plantas hidrometalúrgicas de zinc con financiamiento del proponente; tres licitaciones se cayeron por intereses encontrados de empresarios chinos, que eran los únicos que ofrecían crédito en esas condiciones, (más allá de las limitaciones de la empresa estatal).
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Pareciera que la explotación artesanal del Cerro Rico, al absorber gran cantidad de obreros, contenta a muchos, particularmente a los socios de las cooperativas, que actúan como dueños del yacimiento. Por su lado, la ausencia de las fundiciones beneficia a las comercializadoras, transportistas e intermediarios y desde luego a las transnacionales que funden y recuperan metales agregados por los cuales no pagan nada. Así se prolonga la agonía del Cerro y nos condenan a ser proveedores de materias primas a la metrópoli.
La preservación del Cerro Rico es de interés nacional y sólo se logrará con un plan de explotación racional y sistemática. La actual explotación de 5.000 toneladas/día se asemeja a la del Siglo XX en la década de 1980 que con dos mil trabajadores sacaba ese tonelaje; pero esa explotación masiva era planificada con la explotación de los block caving, su extracción por convoys de carros metaleros que sacaban 40 toneladas por viaje, no es en nada comparable con la explotación a pirquin, persiguiendo la veta; ni a la extracción por tracción humana que se practica en las cooperativas. Este sistema de trabajo requiere miles de brazos para lograr el volumen señalado y esto lo hacen trabajadores asalariados y no los socios, cuyo papel se reduce al control. Las consecuencias son la gran cantidad de accidentes de trabajo que se producen, hasta hoy 90 muertos en el año según reporta la policía; esta explotación no prevé los riesgos y la explotación a futuro, debilitando la estabilidad de la estructura misma. Los hundimientos que se perciben en la superficie son producto del deterioro en interior mina, que en último caso podría causar una gran tragedia.
La Ley de Minería establece la necesidad de un contrato administrativo minero con base en un plan de explotación y la inversión respectiva; los contratos de adecuación para los que tenían concesiones o arrendamientos también los obligan; pero ninguno ha cumplido la norma, dándose una ampliación automática de los contratos de alquiler.
La explotación de los complejos de plomo-plata y zinc-plata para el sector cooperativo a nivel nacional ha significado la exportación de cerca de mil millones de dólares, de los cuales se ha logrado recaudar el equivalente al 6% como regalías. Como las cooperativas mineras no pagan el impuesto a las utilidades, la regalía es lo único que pagan, y la exportación de estos minerales por lo tanto no reporta ningún beneficio para el Estado.
Es hora de hacer un balance sobre el costo-beneficio de la explotación minera; los minerales tienen un valor intrínseco, el trabajo humano sobre él pone a disposición de la industria el valor pleno: no puede ser que este esfuerzo, costo humano y daño ambiental sea mayor al valor que se espera.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
