El Gobierno advirtió que Bolivia podría enfrentar sanciones internacionales en materia de derechos humanos por fallos judiciales a favor de Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y Jeanine Áñez.
Rafael Jaldín, coordinador gubernamental en Chuquisaca, explicó que las decisiones judiciales recientes pueden interpretarse como un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de los conflictos poselectorales de 2019.
En criterio de Jaldín, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), bajo supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evaluó la situación boliviana sin influencias políticas.
Sanciones
El informe de dicho organismo recomendó garantizar justicia y reparación a las víctimas, además de sancionar a los responsables de las 10 muertes en Sacaba (Cocchabamba) —el 15 de noviembre de 2019— y Senkata (El Alto) —el 19 del mismo mes—, durante la crisis poselectoral.
El delegado advirtió que el incumplimiento de estas recomendaciones puede colocar a Bolivia en una situación desfavorable dentro de los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. “Es por eso que el país puede ser sancionado por la CIDH si no cumple compromisos adquiridos como Estado miembro”, señaló Jaldín en Correo del Sur Radio.
Aclaró que las sanciones no implicarían medidas económicas internacionales, pero sí afectarían la imagen y credibilidad de Bolivia en su compromiso con la justicia y los derechos humanos.
fallos judiciales
“El impacto sería en la reputación del país en los listados internacionales que evalúan el cumplimiento de acuerdos en esta materia”, añadió el funcionario.
Reiteró su desacuerdo con los fallos que favorecieron a Camacho, Pumari y Áñez, de los que consideró que abren camino a la impunidad y generan un trato preferencial.
En ese marco, Jaldín informó que la Procuraduría del Estado apeló las resoluciones judiciales y que impulsa procesos legales para revertir las medidas adoptadas por instancias judiciales.
“Si no logramos resultados en la justicia boliviana, analizaremos otras opciones”, afirmó, y cuestionó, además, la lentitud en “miles de procesos” con detención preventiva.
Procesos
El Gobierno sostiene que existe una diferencia entre la “ineficiencia” del sistema judicial y el trato privilegiado recibido por los tres acusados de los hechos de 2019.
Las defensas de Camacho, Áñez y Pumari, junto a voces opositoras, rechazan esta visión y denuncian que los tres fueron encarcelados como represalia política.
La oposición califica las detenciones como persecución judicial, y defiende que las movilizaciones de 2019 derivaron en la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, tras denuncias de un supuesto “fraude” monumental en las elecciones del 20 de octubre de ese año.
