La Defensoría del Pueblo expresó este viernes su preocupación por las recientes decisiones judiciales en el caso Senkata, que involucra a las víctimas de la masacre del 19 de noviembre de 2019.
Según la institución, familiares y afectados denunciaron que las últimas determinaciones de los tribunales generan incertidumbre y ponen en riesgo el derecho a la justicia.
Así se refirió a la decisión de un tribunal de El Alto. Determinó que el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez debe ventilarse en un juicio de responsabilidades y no en la jurisdicción ordinaria, como había avanzado.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó en 2021 que hubo vulneración de derechos humanos durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019. En su informe recomendó investigaciones serias, diligentes y con pleno respeto al debido proceso.
Caso Senkata
La Defensoría, a través de una nota institucional, advirtió que la anulación de obrados hasta ahora en el proceso penal representa un “retroceso grave”. Recordó que el caso se abrió el 19 de noviembre de 2019 y que ya pasaron más de cinco años “sin avances significativos”.
La institución informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual del proceso y alertó que las recientes decisiones judiciales podrían generar impunidad.
Además, solicitó a varias instituciones rendir informes sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de víctimas, denunciantes y testigos. Entre ellos, la Fiscalía General del Estado (FGE), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la Procuraduría General del Estado, a la Asamblea Legislativa y varios ministerios.
Jeanine Áñez
La petición incluye que se cumpla con lo establecido en la Ley 458, que protege la identidad y localización de quienes participan en procesos judiciales de alto riesgo.
En esa línea, la Defensoría también pidió al Estado implementar las recomendaciones del GIEI. Entre ellas, avanzar en mecanismos de verdad, justicia y reparación integral para las familias afectadas.
Finalmente, reafirmó su compromiso de vigilar el respeto a los derechos humanos tanto de las víctimas como de los procesados. También exigió que el juicio de responsabilidades no se convierta en un recurso para postergar indefinidamente el acceso a la justicia ni el esclarecimiento de los hechos.
