Después del fallo del Tribunal Sexto de Sentencia, que determinó detención domiciliaria para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y libertad pura y simple para Marco Antonio Pumari, por el caso Golpe de Estado I, el abogado estadounidense y activista por los derechos humanos Thomas Becker y el representante de las víctimas de Senkata, David Inca, denunciaron un “sometimiento” político de la justicia en Bolivia.
“Yo creo que la impunidad crea más impunidad. La justicia crea más justicia, y esta decisión, de liberar personas que estaban involucradas en las masacres, es muy preocupante. El sistema judicial en Bolivia debe ser algo independiente, pero muchas veces sirve a los que tienen poder político y económico. Creo que esto es otro ejemplo de utilizar el sistema judicial para avanzar una política”, explicó Becker en entrevista con La Razón Radio.
Por su parte, Inca señaló que el fallo emitido el lunes por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción cuarto de El Alto, que determinó anular el juicio ordinario penal contra Jeanine Áñez por el caso Senkata, demuestra una dependencia del sistema de justicia al gobierno de turno.
“Bueno, la justicia no es tan independiente. Se somete al gobierno sea de izquierda o de derecha, es un mal estructural en el cual un grupo de privilegiados, definen quiénes tienen justicia y quiénes no. Lo que estamos viendo ahora es justamente eso, sale una sentencia que libra de toda culpa y responsabilidad, no solamente a Añez, sino a Murillo, López, Lizárraga, Longaric, Jerjes Justiniano, Yerko Núñez, Coimbra, a Parada y otros que han firmado el decreto 4078 en el cual han permitido y han dado su visto bueno para que se cometan violaciones a derechos humanos”, señaló el representante.
Juicio de responsabilidades
Ante la orden del tribunal de iniciar un juicio de responsabilidades contra Áñez por la muerte de civiles durante la crisis de 2019 en Senkata y Sacaba, Inca señaló que iniciarán los trámites para proceder con el mismo y en caso de no conseguir una respuesta favorable, acudirán a organizaciones internacionales.
“Bueno, vamos a tomarles la palabra. Primero vamos a pedir que tengan también la misma celeridad en el juicio de responsabilidades. Vamos a cumplir lo que nos han dicho de que nos vayamos a quejar a la Fiscalía. Pero si cumpliendo esos requisitos en Bolivia nos van a negar el acceso a la justicia, nos abren la puerta para ir ante la Corte Interamericana”, manifestó.
Para Becker, será necesario agotar todas las posibilidades para buscar justicia en el sistema judicial en Bolivia. En caso de que estos se vean permeados por razones políticas, recién se podrá acceder a foros internacionales.
“Yo creo lo más probable es un foro como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Entonces, hay posibilidades, y es algo que las víctimas deben explorar. Las instituciones más importantes en el mundo en materia de derechos humanos como la ONU, la CIDH, el GIEI, Human Rights Watch, la Clínica de Harvard y la Radio Universitaria de Derechos Humanos, investigaron lo que pasó y dijeron que son masacres”, explicó.
Finalmente, Inca explicó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza lo acontecido en 2019, sin debatir sobre la existencia de un fraude o golpe, y concluye que existieron ejecuciones sumarias, masacres, torturas y, por lo tanto, violaciones a los derechos humanos.
