La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el marco de la Resolución Constitucional 233/2024, surgida tras la Acción Popular sobre los incendios forestales, en el que reitera su llamado urgente a la acción frente al avance de las quemas ilegales en el país.
La entidad advirtió que, pese a la existencia de normativas como el Decreto Supremo 5225 y la Resolución Administrativa N°065/2025 de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), los incendios de mediana magnitud continúan, incluso dentro de áreas protegidas.
En el documento se recuerda que el Órgano Ejecutivo declaró “Situación de Emergencia Nacional”, lo que, según la institución, evidencia la insuficiencia de las medidas preventivas actuales.
Incendios
En su evaluación, la Defensoría alertó que el incumplimiento de disposiciones legales por parte de entidades públicas, empresarios y comunidades podría derivar en una repetición de la devastación de 2024, cuando se perdieron más de siete millones de hectáreas de bosques. “La limitada acción estatal pone en riesgo el medio ambiente, la salud de las personas y la biodiversidad”, señaló.
El pronunciamiento insta al Órgano Ejecutivo a adoptar medidas concretas de manera inmediata, entre ellas: transparentar la información sobre acceso a la tierra y uso de recursos forestales; coordinar la actuación de Fuerzas Armadas y Policía en zonas críticas; agilizar convenios de cooperación interinstitucional; establecer un mecanismo de intercambio de datos entre la ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Además, se exige publicar la lista de infractores del periodo 2019-2024 y suspender cualquier segundo periodo de quemas controladas, manteniendo la evaluación de riesgos hasta el inicio de la temporada de lluvias.
Aunque en los últimos años el clima fue irregular, se estima que la época de precipitaciones podría comenzar a inicios de diciembre o finales de noviembre.
Además, la Defensoría convoca a las Entidades Territoriales Autónomas a evaluar riesgos y sancionar el uso indiscriminado del fuego, a los pueblos indígena originario campesinos a exigir el cumplimiento de las normas de no repetición, y a la población en general a mantenerse en alerta y denunciar toda quema ilegal.
Desde el Gobierno aseguran que este año la afectación de los incendios es menor en comparación con el año pasado y los equipos están más preparados para sofocar el fuego.





















































































