Diego Gutiérrez, abogado del exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, informó que un juez determinó la libertad pura y simple para su defendido en el caso Golpe de Estado I.
Procesado por el mismo caso, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue beneficiado con detención domiciliaria.
La decisión judicial establece que Pumari únicamente deberá cumplir con una convocatoria y una presentación periódica ante el Ministerio Público en el departamento de Potosí.
Caso Golpe de Estado I
“En las próximas horas tiene que ser trasladado a la ciudad de Potosí y está actualmente con libertad pura y simple. Estamos esperando el mandamiento de libertad que, según se nos ha informado, se emitirá mañana”, explicó Gutiérrez a los periodistas en puertas del edificio del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, donde se celebró la audiencia.
Con esta determinación, el exdirigente, detenido desde el 27 de noviembre de 2023 en el penal de Cantumarca, dejará ese recinto después de casi tres años de encarcelamiento preventivo.
Por su parte, el abogado del gobernador, Martín Camacho, celebró la decisión y afirmó que se trata de un paso importante para restablecer la independencia judicial en el país. “Se ha recuperado la independencia y la imparcialidad de los tribunales. El gobernador Luis Fernando Camacho es libre del proceso Golpe I”, declaró ante los medios.
Luis Fernando Camacho
El jurista explicó que la resolución establece detención domiciliaria con derecho a salida laboral, arraigo y una fianza económica, aunque no precisó el monto. Además, debe cumplir con presentaciones semanales ante la autoridad competente.
El abogado detalló que, una vez cumplidas las formalidades y librado el mandamiento de libertad, el gobernador deberá ser trasladado en un plazo de hasta 72 horas a la ciudad de Santa Cruz para instalar su arresto domiciliario.
Sobre la continuidad de otros procesos, Martín Camacho precisó que este miércoles se desarrollará de manera virtual una audiencia relacionada al caso de los 36 días de paro de 2022, en la que también solicitarán medidas sustitutivas para el gobernador. “Creemos que por fin se ha recuperado la justicia, la independencia y la imparcialidad del poder judicial”, insistió.
Marco Antonio Pumari
La defensa de ambos líderes cívicos subrayó que las resoluciones marcan un giro en el tratamiento de los casos vinculados a los hechos de 2019, por los cuales varias exautoridades y dirigentes enfrentan procesos penales.
La audiencia de los exlíderes cívicos comenzó a las 07.45 de este martes y se celebró en el Salón Rodado del TDJ de La Paz. Durante el desarrollo, los alrededores se llenaron de seguidores de Camacho y Pumari que arengaban “libertad, libertad”. En tanto, sus detractores respondieron con “asesinos, asesinos”.
El abogado Martin Camacho informó que la defensa de la exdiputada Lidia Patty —parte denunciante de este caso— presentó una recusación que, por eso, el acto judicial se dilató.
Proceso
Pero, por otro lado, estaban los familiares y víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) y otros detractores de los excívicos, que exigían “justicia” para los caídos en Sacaba —10 en la violencia del 15 de noviembre— y los de Senkata —otros 10 el 19 del mismo mes—.
Ambos grupos coincidieron en las dos puertas de accesos a dicho edificio judicial y protagonizaron amagos de enfrentamientos, pero la intervención de la Policía Boliviana evitó que las agresiones llegaran a más.
Una vez conocida la decisión, plataformas ciudadanas y seguidores de Camacho, principalmente, festejaron en Santa Cruz en medio de oraciones y cánticos.
Camacho y Pumari
Tanto Camacho como Pumari fueron figuras centrales durante las movilizaciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de ese año. Posteriormente, ambos fueron detenidos preventivamente bajo acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración. Con la reciente decisión judicial, ambos podrían enfrentar sus juicios en libertad mientras se desarrollan las etapas pendientes.
Los abogados coincidieron en que este fallo es un precedente para fortalecer la credibilidad del sistema judicial, que en los últimos años ha sido cuestionado por su supuesta falta de imparcialidad en procesos políticos sensibles.
