Eduardo Díaz Pizarro y Juan Carlos Arraya fueron condenados a ocho años y dos años y ocho meses, respectivamente. Ambos imputados por la compra irregular de 500 ventiladores chinos pulmonares durante la pandemia del COVID-19.
El Juzgado de Sentencia, Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer 25, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la sentencia. Ambos exfuncionarios del Ministerio de Salud.
«A los acusados los condenaron por los delitos de incumplimiento de deberes,. También por contratos lesivos al Estado y delitos tipificados y sancionados en los Artículos 154 y 221 del Código Penal. Además de delitos de corrupción que ocasionaron grave daño económico al Estado. En la primera ola del coronavirus, 2020, dieron curso a la adquisición de 500 ventiladores pulmonares con compresor. De procedencia China”, informó el procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, señala un reporte de DTV.
INFORME
De acuerdo con el informe del Procurador, los ventiladores, marca Guanzhou Yueshen modelo YSAV400A, no cumplían con 40 ítems establecidos en las especificaciones técnicas determinadas en el proceso de contratación.
Por este caso, la Justicia absolvió a Vania Huaira Vargas Guzmán, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Ramón Cordero Cuevas. Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y Elías Ramón Cordero Cuevas. Todos ellos también enfrentaban cargos por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública.
“La Procuraduría General del Estado (PGE), actuando bajo las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado y el ordenamiento legal vigente, promovió una intervención conjunta e interinstitucional responsable en este proceso penal. Se obtuvo un resultado inédito y favorable, permitiendo reafirmar al pueblo boliviano nuestro incansable compromiso en la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado”, acotó Condori.
VENTILADORES NO APTOS
Según un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico se identificó que los ventiladores pulmonares no eran ni son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Tampoco para tratar pacientes críticos de COVID-19, entre otras.
Según un informe de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en 2023, a pesar de tener conocimiento de este antecedente, las exautoridades de Salud suscribieron una segunda enmienda al contrato de adquisición. Éste no aceleraba el periodo de entrega, ni reducía el valor del contrato o mejoraba la calidad, eficiencia o sostenibilidad de los equipos. Ni ningún otro beneficio para el Estado. Al contrario, se continuó con la compra de los respiradores que no cumplían los requerimientos técnicos.
Esta adquisición causó una afectación económica al Estado de más de $us 10 millones.
Explicó que, cuando los respiradores fueron distribuidos a los hospitales del país, los médicos denunciaron que los equipos no funcionaban. Y, aquellos que sí, provocaban daños a los pacientes al cambiar el nivel de oxígeno, lo que generó traumas de orden torácico.
Actualmente, los respiradores se encuentran en diferentes nosocomios, pero no cumplen con la finalidad con las que se los adquirió. Una mayoría están en depósitos, sin uso.
