El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este jueves que la institución se encuentra a la espera de la resolución del juez de Migración de Estados Unidos sobre la situación de Arturo Murillo, detenido en ese país desde 2021 por delitos de lavado de dinero y soborno.
“El juez de migración ya hubiera emitido una resolución respecto al estatus que va a tener el señor Morillo. Y en ese punto estamos a la espera de que dicha resolución sea notificada”, señaló Condori.
Por su parte, el abogado estadounidense Thomas Becker explicó el miércoles que la decisión del juez está en reserva y advirtió que existen dos posibles escenarios que podrían prolongar la su permanencia de Murillo en Estados Unidos.
“No sabemos lo que pasó (en la audiencia), pero primero hay la posibilidad de deportar. Si esto pasa, la persona tiene 30 días para apelar. Entonces, él puede quedarse aquí (EEUU) ese tiempo”, detalló Becker.
Agregó que si el juez aceptó una solicitud de asilo, este puede durar meses o un año o más, dependiente del curso legal que tome el caso.
Pese a ello, Condori expresó su confianza en que la resolución final será la deportación inmediata. “No creemos que el Estado norteamericano pueda acoger a un ciudadano que ha cometido un delito en ese país”, afirmó recordando además que el caso no es menor, ya que involucra el delito de lavado de activos.
Lea más: ¿Qué pasará con Arturo Murillo después de su audiencia?
En paralelo, el procurador indicó que el Estado boliviano continúa tramitando la extradición de Murillo, como una vía legal complementaria.
“Estamos asegurando con parte del Estado, me refiero al Ministerio Público, Órgano Judicial y los ministerios que forman parte de la parte acusadora, en este proceso denominado Gases Brasil, estamos realizando las gestiones necesarias para asegurar, en este caso posiblemente cumplir con la otra vía que es la extradición”, dijo.
Según datos del Ministerio Público, Murillo enfrenta al menos ocho procesos penales en Bolivia, dos de los cuales ya cuentan con sentencia condenatoria, entre ellos el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos durante el gobierno Áñez entre 2019 y 2020.
Murillo fue detenido en Estados Unidos en 2021 y sentenciado a casi tres años de prisión por lavado de dinero y soborno, en un caso que también involucró a intermediarios estadounidenses. Su audiencia migratoria representa un nuevo capítulo en su situación legal, que ahora dependerá de la decisión del juez migratorio estadounidense.
De ser deportado, el exministro deberá enfrentar la Justicia boliviana por los delitos pendientes. Mientras tanto, su futuro permanece en suspenso.
