Me imagino a alguno de los candidatos, primeros en las encuestas (junio 2025), al hacer el juramento a la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, cuya declaración de fe será el cumplimiento de la Constitución y las leyes, su nariz crecerá visiblemente.
La aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE-P) ha sido un proceso que, partiendo de las experiencias históricas -gloriosas, heroicas y trágicas, nos llevó al convencimiento de construir Bolivia entre los diversos: de clase, de origen, de residencia, de religión, de género, para encontrar el Vivir Bien entre todos y todas. Esta diversidad polarizada nos lleva a la explotación, la opresión y la marginalidad, las que tienen que ser atenuadas, si no extirpadas, con políticas de justicia y reparación. Estos conceptos no siempre son aceptados, por considerarlos males congénitos a la sociedad y no producto de la acción de los hombres en su afán de aumentar y concentrar el poder y la riqueza. Si bien en el proceso se ha avanzado en leyes protectoras al trabajador y el acceso de los indígenas a órganos de poder, no es menos cierto que estos avances corren peligro por una nueva ola racista y explotadora.
La CPE-P identifica como palanca de financiamiento para el Vivir Bien la explotación de los recursos naturales, dándoles valor agregado y garantizando su reinversión en el país; la maldición de los recursos naturales —ambicionados por todos— dejará de serlo al estar dispuestos sólo para el beneficio de todos los bolivianos. Esta tarea la encarga a las empresas estatales estratégicas y en algunos casos, como el de los hidrocarburos, les da el monopolio; éstas podrán hacer contratos de servicios o asociación con privados, debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades en el país, siendo viables con una ley del Estado. Los recursos naturales no pueden inscribirse en los mercados de valores, ni ser utilizados para operaciones financieras; los derechos de explotación sólo pueden ser usados por los titulares, no pueden ser transferidos bajo ninguna modalidad. La economía es plural: estatal, privada, cooperativa, comunitaria, pero el principio es universal.
Esta visión, en extremo nacionalista, es producto de una larga historia del despojo: la plata, el oro, el guano, el salitre, la goma, el estaño, el petróleo, el gas; quien visite Huanchaca, Aullagas, Cachuela Esperanza, Potosí o Llallagua asentirá que este es un grito: ¡tanto te di que me quedé sin nada!
Pero la indignación no basta, es preciso descubrir nuevos caminos. Lo peor es rendirse ante las dificultades y volver a los viejos caminos de la dependencia: “no tenemos tecnología”, “ellos son los que saben”, “no tenemos capital”, “nos falta mercados”, argumentos suficientes para volver al pasado sin siquiera darse cuenta. Así las utilidades, dolarizadas, se quedan en el exterior, se busca contratos para el litio -desechando lo avanzado con cabeza propia-, las empresas estatales no se priorizan, no se modernizan y dejan de ser eficientes o rentables; la superación tecnológica se deja a unos becarios y los recursos otorgados a las universidades no se fiscalizan; la seguridad industrial en la minería ha sido olvidada, los mitayos siguen muriendo. El desafío está planteado: mientras no se reforme la CPE-P, en este marco estamos obligados a encontrar nuevos caminos, es hora de reflexión, para emprender de nuevo la marcha.
Soy un convencido de que en el proceso de cambio (2006-2019), la economía duplicó el PIB y las exportaciones, lo que no ocurrió con el ingreso de divisas, que se quedaron en el exterior; particularmente de parte de la agroindustria y la minería, que fueron beneficiadas con la liberación de impuestos para bienes de capital y la subvención a los combustibles. Si el valor de las exportaciones volviera al país, se inyectaría a la economía 10.000 millones de dólares cada año, el doble del préstamo que se mendiga al FMI.
Los planteamientos de varios candidatos se contradicen con las obligaciones estatales; hay normas que hay que cumplir, entre ellas la Constitución. Desmontar el Estado del 52 le llevó tres gestiones gubernamentales al neoliberalismo, en el cuarto ya estaba agotado. Volver sobre lo mismo no es una opción.
(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero
