Con el objetivo de ofrecer el aceite refinado a un precio justo, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) solicitó a las industrias oleaginosas privadas 210 toneladas del producto; sin embargo, a la fecha, solo se le otorgaron 70 toneladas, lo que explica el desabastecimiento en algunas de sus sucursales.
Además, de acuerdo con la empresa estatal, los productos privados respondieron que no serán capaces de proveer la cantidad solicitada en su totalidad, sino solo 121 toneladas.
“Emapa, en su rol de regulador del mercado, ha tomado medidas inmediatas para abastecer la demanda. Se realizó una solicitud de 210 toneladas de aceite a sus proveedores; sin embargo, la respuesta obtenida indica que solo se podrán entregar 121 toneladas. A la fecha, y a más de la mitad del mes, solamente se han recibido 70 toneladas”, indica un comunicado.
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En los últimos días, el precio del aceite refinado comenzó a dispararse en los centros de abasto, llegando a costar el litro más de Bs 20, cuando, según el Gobierno, su costo debería oscilar entre Bs 12 y Bs 14, ya que se observó que la producción es regular.
Ante ello, Emapa denuncia que hay “ocultamiento de productos” y especulación por parte de algunos comerciantes e intermediarios, quienes ofrecen el litro de aceite a precios más elevados.
En las sucursales de la empresa, sin embargo, el litro del producto se comercializa a Bs 14, por lo que muchas personas realizan largas filas para comprar el aceite. Sin embargo, algunos de ellos podrían ser especuladores que revenden el producto en el mercado a un costo más alto.
Para evitar esas prácticas, Emapa iniciará una racionalización en sus ventas de aceite, con el fin de que toda la población pueda acceder al producto.
“Esta disparidad entre la demanda y la disponibilidad obliga a Emapa a implementar acciones para asegurar que el aceite llegue a la mayor cantidad posible de hogares bolivianos. Por ello, se ha iniciado la racionalización en la venta de aceite, garantizando una distribución equitativa frente a la actual escasez provocada por el agio”, se lee en el comunicado.
En ese sentido, la empresa pública recordó que el agio y la especulación son “delitos penados severamente”, que pueden tener como consecuencia la privación de la libertad de hasta 10 años, por provocar la escasez o encarecimiento de alimentos que son básicos en la canasta familiar.
