La senadora Silvia Salame, quien denunció a los contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), espera que el Ministerio Público realice las investigaciones y disponga su aprehensión inmediata por delitos como falsedad material, uso de instrumento falsificado y usurpación de funciones.
“El Ministerio Público seguramente está haciendo la investigación y luego de esto tendría que convocar a estos sinvergüenzas, como a cualquier delincuente, con las disculpas a los delincuentes y tener que disponer su inmediata detención en la cárcel de San Roque (Sucre)”, aseguró en entrevista con La Razón Radio.
Denuncia
La denuncia se basa en la sentencia 0113/2024 que declaró nula en parte la sesión de la Asamblea presidida por Andrónico Rodríguez el 6 de junio del año pasado. En esa resolución, anuló el proyecto de ley 075 de cese de funciones de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, pero mantuvo vigente un crédito de la CAF por $us 176 millones y un decreto de amnistía e indulto.
La sentencia fue notificada en marzo de 2025 con le fecha del 27 de diciembre de 2024. Salame observó que la sentencia no fue registrada oportunamente ni firmada por los nueve magistrados autoprorrogados en ese entonces.
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“Si realmente esa sentencia emergió del pleno de los autoprorrogados, esa sentencia tenía que llevar las nueve firmas. En el caso de que un magistrado, estoy hablando de un periodo normal, no participe en un caso, tiene que especificarse por qué no participa, se dirá está en comisión porque está con baja o se dirá tiene voto disidente y se adjuntará el voto disidente. Acá sólo los cinco prorrogados que actualmente están ilegalmente ejerciendo la función, firman ese volantín”, explicó.
También observó que la sentencia no figuraba en la base de datos del TCP el día de su presentación, sino como “en despacho del magistrado”. Tampoco apareció como resuelta en el informe de gestión 2024 elaborado en marzo de este año. Además, el número asignado al fallo correspondía a otros casos y recursos. Y, posterior a su denuncia en la siguiente sesión del Senado, en la tarde modificaron los registros del tribunal.
“Esa es la prueba de la falsificación, de la alteración de un registro público, por esa razón se hace la denuncia, primero por usurpación de funciones, pero además también por instrumento falsificado y uso de instrumento falsificado”, indicó.
Salame remarcó que interpuso la denuncia por la vía penal ordinaria y no en un juicio de responsabilidades. al considerar que los autoprorrogados no son autoridades legítimas y, por tanto, no pueden acogerse a privilegios procesales.
