El Gobierno anunció este lunes un incremento del 10% al Salario Mínimo Nacional (SMN) para 2025, el aumento más alto desde 2017, cuando se registró un alza del 10,8% bajo la administración del entonces presidente Evo Morales.
La medida contrasta con los incrementos de años recientes: 5,85% en 2024, 5% en 2023, 4% en 2022, 2% en 2021, 0% en 2020, 3% en 2019 y 3% en 2018.
Fernando Romero, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, calificó el ajuste como “el más alto en los últimos siete años”, y alertó sobre sus consecuencias.
“A pesar que este 2025 será un año más inflacionario y con bajo crecimiento económico (estanflación), se viabilizó un incremento más elevado a las expectativas de los agentes económicos. Esto generará mayor incertidumbre en los mercados, subida del dólar paralelo, inflación en las próximas semanas, informalidad laboral, contracción de la inversión privada y posiblemente mayor pobreza”, alertó el economista.
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De igual manera, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su “firme rechazo” al alza, señalando que se impone en un escenario de “decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), inflación creciente y déficits sostenidos”.
Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), recordó que “desde el año 2000, el salario mínimo tuvo un incremento de más del 600%”, pero subrayó que, actualmente, “no estamos en tiempos de bonanza, no estamos en tiempo de auge; al contrario, enfrentamos una situación de crisis”.
Rodríguez cuestionó que, una vez más, el Gobierno haya dejado de lado al sector privado y se haya reunido y dialogado únicamente con la Central Obrera Boliviana (COB).
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, indicó que solo aplauden el incremento los “cómplices del modelo fracasado”.
“Suben los salarios en el sector legal, en el sector formal, que cada vez se hace más pequeño (…), pero el empleo se está precarizando”, cuestionó el gerente del IBCE, quien alertó que el 80% de los trabajos son informales en el país.
Además, Romero considera que el incremento representará una reducción en la inversión pública y una mayor deuda interna; mientras que el sector privado “responderá con precios más caros, recortes de costos o despidos”.
Por ello, en su criterio, el alza salarial que anunció el presidente Luis Arce este lunes es “temerario, nada sensato y muy político”.
