La Defensoría del Pueblo subrayó la importancia “apremiante” de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aborde “con la mayor celeridad” los recursos presentados contra la convocatoria a las elecciones generales y la normativa electoral, pero, además, enfatizó la necesidad de garantizar el estricto respeto al principio de preclusión procesal a fin de asegurar la certidumbre y la transparencia del proceso electoral.
La institución recordó que el Estado avanzó “significativamente” en el reconocimiento de los derechos humanos de las naciones y pueblos indígenas, garantizando su participación plena en las distintas formas de ejercicio de la democracia, su libre determinación, así como de organizar sus propias formas de representación política.
Añadió también que de la misma forma se avanzó positivamente en la legislación que permite la participación equitativa de las mujeres en cargos de elección y en la toma de decisiones.
La Defensoría indicó que, a pesar de esos avances, “aún persisten” desafíos importantes que requieren una atención prioritaria por el Estado, “siendo crucial recordar que la vulneración de los derechos humanos de estas poblaciones puede ocurrir tanto por la acción como por omisión”.
Recordó además que es fundamental, garantizar el cumplimento integral de la normativa que regula a las citadas poblaciones, en todos los ámbitos de su aplicación.
“En el contexto del proceso electoral nacional 2025, la expectativa crece entre los pueblos indígenas originarios, de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil (…) respecto al pronunciamiento que pueda emitir el TCP en relación a la viabilidad de exigir la paridad en los binomios presidenciales y la demanda de participación efectiva y directa de las NPIOC en los comicios nacionales”, mencionó.
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A ello, dijo que la Defensoría continuará “abogando” por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos políticos de la población en su conjunto, condición esencial para una democracia real, inclusiva, representativa y con igualdad.
El miércoles, el TCP y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reafirmaron el compromiso de enero de garantizar el desarrollo de las elecciones generales, ante la presentación de recursos de inconstitucionalidad abstracta contra la convocatoria y la normal electoral.
La semana pasada, el diputado Miguel Roca presentó un recurso de inconstitucionalidad con el fin de anular el artículo 5 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas para que las organizaciones indígenas participen en las elecciones presidenciales. Existe otro recurso similar que fue presentado por una organización indígena a través del TSE.
El diputado Israel Huaytari presentó también otro recurso de inconstitucionalidad contra la convocatoria de las elecciones generales para que se obligue a los partidos y alianzas políticas a respetar la paridad y equidad de género.
Desde el Gobierno indicaron que los recursos presentados ante el TCP no tendrán ningún efecto en las elecciones de este año y tampoco podrán paralizarlo. Pero, a pesar de este anuncio, existe la susceptibilidad ante una posible paralización o prórroga de mandato.
