Todo comenzó meses antes de la pandemia. A comienzos de 2019, Bolivia poseía una de las reservas internacionales más grandes del continente (22% del PIB). Con una tasa de crecimiento de 4,2% y una inflación de 1,5%, lideraba el podio sudamericano y era la envidia de las economías vecinas. La estabilidad económica trajo consigo estabilidad política y social. ¡Eran otros tiempos! Pese a la amenaza del shock petrolero de 2015 y los malos augurios —frente a este hecho— de varios economistas neoliberales críticos por más de 14 años, la economía boliviana no mostraba indicios de deterioro. Empero, la necesidad de ajustes era evidente.
Desafortunadamente para la economía, los tiempos políticos casi nunca están alineados con los económicos y ésta no fue la excepción, porque 2019 era año eleccionario. Así que las posibles medidas de ajuste que pudieron ser pospuestas en marcha tuvieron que esperar hasta después del desenlace electoral. De no haberse gestado el funesto golpe de 2019, ¿se hubieran podido realizar los ajustes a tiempo? El golpe de 2019 no solo anquilosó la democracia, sino que postergó la resolución de políticas económicas que en ese momento eran necesarias.
La mala administración del gobierno transitorio de Áñez, de la que pocos deben aún recordar, acentuó los desajustes macroeconómicos, pero pudo sostenerlos por las todavía elevadas reservas internacionales. El gobierno de Áñez pecó de pretender ajustes macroeconómicos usurpando funciones de un gobierno legalmente electo que no le correspondía de la misma forma que pecó el gobierno de Luis Arce por no hacer los ajustes que, en mérito son su obligación, pero que todo parece indicar que ha decidido trasladar esa responsabilidad a su sucesor.
A finales de 2020, había una alta expectativa por que la administración de Arce encare los ajustes necesarios para recuperar la senda del crecimiento de largo plazo que el gobierno de Áñez y la pandemia la habían destrozado. Pero la inacción sumada a una serie de malas decisiones de política económica —que más parecen repetir la gestión de Áñez— ha sumergido a la economía nacional a un peligroso punto de no retorno. A diferencia de la crisis de 2020, la actual se presenta con desajustes que ya no son financiables.
El problema que hoy azuza a la economía nacional ha dejado de ser la iliquidez de dólares para convertirse en otro de solvencia, pues las proyecciones macroeconómicas de divisas de la economía nacional de mediano plazo también están comprometidas. Pretender financiar la importación de combustibles vía endeudamiento o empeñando las reservas monetarias en oro, ya no es una salida recomendable de política económica. Ni los gobiernos neoliberales se animaron a deshacerse de todo el oro en aras de crear una fugaz sensación de estabilidad que duraría solo unos meses.
Una crisis de balanza de pagos ocurre cuando un país ya no puede sostener su tipo de cambio fijo y se ve obligado a devaluar su moneda. La actual situación financiera se la puede aparejar como una precrisis de balanza de pagos, porque, si bien el Estado aún cuenta con dólares suficientes para atender sus compromisos externos sin tener de devaluar, la pregunta es: ¿por cuánto tiempo más? El Gobierno se perfila a gastar las pocas reservas que nos quedan para cumplir su programación de importaciones de combustible de muy corto plazo, sin resolver el problema estructural del abastecimiento de combustibles y dólares para los próximos años.
Las temerarias agencias calificadoras de riesgo coinciden en que el riesgo de una crisis de balanza de pagos es latente junto al de un posible incumplimiento de pagos de deuda externa. La nota soberana ha caído al terreno de la especulación extrema, sofocando cualquier aspiración de financiamiento por esa vía. Más allá de los evidentes sesgos metodológicos en estos informes, lo cierto es que el Gobierno tampoco ha hecho su tarea de reencauzar los desequilibrios internos y externos.
Los infames especuladores han sido condescendientes por la economía y le han dado una pausa cambiaria de unos meses al Gobierno. Pero esa admitía cambiaria parece haber terminado sin que se hayan vislumbrado cambios en el instrumental monetario y cambiario. El riesgo de una potencial nueva devaluación en el mercado paralelo, está presente y es imprescindible que el gobierno destine las pocas reservas que aún nos queda para la implementación de un nuevo esquema cambiario que permita una relativa estabilidad cambiaria y evitar que el tipo de cambio tienda a descontrolarse. ¡Todavía están a tiempo para hacer lo correcto!
Omar Rilver Velasco
es habitante del Kollasuyo, yatiri económico y promotor del Vivir Bien.
