La institución busca la destitución del juez tras verse involucrado en un caso de drogas.
Alcocer indicó que existen otros procesos penales que ya derivaron en resultados concretos, como el alejamiento de jueces.
El presidente de la Magistratura señaló que Zeballos suma 17 procesos ya iniciados con anterioridad por faltas graves.
Los consejeros expusieron las principales líneas de acción institucional, así como los desafíos que enfrenta el sistema judicial.
Spencer calificó la situación como un “obstáculo institucional”.
Spencer reafirmó que el Órgano Judicial estará presente durante todo el proceso electoral, en el marco de sus atribuciones.
El desempeño de los jueces será medido en función del cumplimiento efectivo de los objetivos.
Spencer recalcó que la presidencia no implica jerarquías entre los consejeros, sino una responsabilidad compartida.
Baptista explicó que la medida no “responde a un capricho institucional”, sino que se trata de una recomendación del GIEI.
El proceso debe ser inmediato y se anuncia una sanción ejemplificadora a los responsables del juzgamiento ilegal de encontrarse irregularidades.
Según el dirigente Jaime Solares se observó la presencia de personas que no representarían a las organizaciones sociales
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