El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, aseguró que la delegación extranjera que se identificó como misión de derechos humanos no acreditó la actividad que pretendía realizar en el país y defendió la decisión de no admitir su ingreso.
En criterio de la autoridad, la Dirección Nacional de Migración aplicó los procedimientos correspondientes y verificó que no existía congruencia entre lo declarado por estas personas y la actividad que pretendían realizar en territorio boliviano.
“El Gobierno Nacional, en ejercicio de su soberanía y en respeto al derecho internacional, lo que ha hecho es aplicar la verificación de requisitos administrativos para el ingreso o salida de ciudadanos nacionales o extranjeros”, señaló Santamaría en Red Uno.
En ese contexto, informó que esas personas se presentaban como activistas de derechos humanos, pero no habrían presentado una certificación que acredite su pertenencia a algún organismo formalmente reconocido.
“Se denominan activistas de derechos humanos, pero no se sabe de qué organismo, de qué organización. Tampoco se sabía cuál era el propósito que iban a cumplir”, afirmó.
Asimismo, remarcó que usar una prensa de vestir con la inscripción de “misión de derechos humanos” no es suficiente para acreditar una representación oficial.
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Injerencia
Santamaría también cuestionó el interés de algunos parlamentarios y sectores políticos extranjeros en la situación interna de Bolivia, señalando que existen acciones que, a criterio del Gobierno, buscan interferir en asuntos propios del Estado boliviano.
“Aquellos que pretendan realizar actos de injerencia, que pretendan inmiscuirse en la política nacional o participar en actos que no les competen, recibirán el mismo trato cumpliendo la ley”, advirtió.
El lunes, una delegación que se presentó como activistas de derechos humanos llegó de Argentina en una misión de observación relacionada con las protestas que atraviesa Bolivia.
Migración frenó el ingreso del grupo en el aeropuerto de El Alto y los devolvió a Santa Cruz, desde donde retornaron a Argentina.
Mediante un comunicado, la Cancillería de Argentina confirmó que las autoridades bolivianas no admitieron el ingreso de una “autodenominada Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”.
