El aumento de los precios, las dificultades para acceder a combustibles, la caída del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones de vida aparecían como las principales razones de la protesta que cumple hoy 37 días.
Sin embargo, a medida que avanzaron las movilizaciones y se profundizó la conflictividad, el escenario cambió. Lo que comenzó como una reacción frente a la crisis económica terminó convirtiéndose en una disputa política que hoy gira alrededor de la permanencia o no de Rodrigo Paz en la Presidencia.
Conflicto
El proceso fue gradual. El 11 de abril, durante un cabildo nacional realizado en El Alto, las organizaciones sociales aprobaron un conjunto de demandas dirigidas al Gobierno y otorgaron un plazo para que fueran atendidas.
Entre las resoluciones figuraba la posibilidad de exigir la renuncia presidencial, aunque como una medida extrema vinculada al incumplimiento de las reivindicaciones planteadas. Entonces, la prioridad seguía siendo económica.
Las semanas posteriores estuvieron marcadas por un incremento de la presión social. El 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) realizó un cabildo en El Alto y advirtió que, si el Gobierno no respondía a la crisis, el mandatario debía “dar un paso al costado”. Días después, el 6 de mayo, la COB, la CSUTCB, las Bartolinas, los Ponchos Rojos y otras organizaciones resolvieron iniciar un paro indefinido con bloqueo de caminos y exigieron abiertamente la renuncia de Paz.
Sectores
Desde entonces, la protesta comenzó a adquirir una dimensión distinta. Los bloqueos se expandieron por diferentes regiones y las demandas sectoriales empezaron a compartir protagonismo con una agenda claramente política. La transformación quedó expuesta el 14 de mayo, cuando dirigentes de la COB admitieron públicamente que los reclamos económicos habían pasado a segundo plano y que el objetivo central era la salida del Presidente.
Para el analista político Carlos Saavedra, ese cambio revela que Bolivia atraviesa una coyuntura más compleja que una simple crisis económica o una movilización sectorial. A su juicio, el país se encuentra en una etapa de transición política cuyos efectos se reflejan en las calles.
Análisis
“Estamos en un momento de transición que siempre se caracteriza por este tipo de escenarios. Hay un régimen que no termina de morir y uno nuevo que no termina de nacer”, sostiene.
Según el analista, la conflictividad actual expresa tensiones acumuladas sobre el rumbo que debe tomar el país después de dos décadas marcadas por el ciclo político iniciado con el Estado Plurinacional.
En ese contexto, las movilizaciones se han convertido en el espacio donde convergen distintas agendas, algunas económicas, otras vinculadas a la representación política y otras directamente relacionadas con la disputa por el poder.
Saavedra considera que el conflicto ya no puede interpretarse exclusivamente como una reacción al deterioro económico. “Yo no veo que sea la economía un gran motivo de movilización en este momento”, afirma.
Bloqueos
A su criterio, existe un reconocimiento generalizado de que la situación económica era insostenible y requería medidas de ajuste.
“Había una conciencia de que era imposible mantener el precio de la subvención total y que había que generar cierto tipo de cambios porque si no era inviable el país”, explica.
Eso no significa que la economía haya dejado de ser un problema. Por el contrario, Saavedra considera que el deterioro económico sigue siendo el telón de fondo de la crisis. Sin embargo, cree que los factores políticos terminaron desplazando a las reivindicaciones iniciales.
“El bloqueo ha lastimado muchísimo más un modelo económico ya frágil y ha golpeado muy fuerte el bolsillo de las personas”, dijo el analista.
Escalada del conflicto
Para comprender esa transformación, el analista propone distinguir tres tipos de actores dentro de la conflictividad actual. El primer grupo está compuesto por los sectores reivindicativos, es decir, organizaciones que mantienen demandas concretas relacionadas con el abastecimiento, los ingresos, la producción o el acceso a servicios. Son sectores que buscan respuestas específicas a problemas que afectan directamente a sus afiliados.
El segundo grupo está conformado por los sectores representativos. Se trata de organizaciones que, además de sus demandas económicas, reclaman espacios de participación dentro de las estructuras del poder político.
“Ellos entienden que en el Estado Plurinacional una de sus conquistas ha sido precisamente tener representación en las decisiones del Estado”, explica.
Carlos Saavedra
El tercer grupo es el más controvertido. Saavedra los denomina sectores conspirativos y sostiene que su principal objetivo ya no es resolver demandas sociales ni ampliar espacios de representación.
“Hay un tercer grupo que busca tomar a la fuerza un poder que no pudo ganar en las urnas”, afirma.
En medio de la escalada del conflicto, el Gobierno intentó el diálogo en varias ocasiones, sin embargo, la dirigencia de las organizaciones movilizadas se cerró a cualquier encuentro, mientras no se cumpla lo que ahora tienen como principal demanda: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Reclamos
Instituciones como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo apostaron por la resolución del conflicto con diálogo y se ofrecieron como “mediadores” en el conflicto. Sin embargo, su intención no prosperó, debido a la posición radical que adoptaron los sectores.
Mientras el “tire y afloje” sigue vigente, varios sectores, principalmente productivos exigieron al Gobierno “poner orden” en el país.
Pero el reclamo más fuerte es de la población que se vio afectada por el desabastecimiento de productos de la canasta familiar, sobre todo en La Paz y El Alto, cercadas por los bloqueos desde hace 37 días.
