La Defensoría del Pueblo exigió este jueves información formal a la Cancillería y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre las acciones emprendidas para resolver la crítica situación de conductores de cisternas bolivianas varados en San Antonio, Paraguay, quienes esperan desde hace días cargar combustible.
La institución reiteró sus Requerimientos de Informe Escrito tras constatar que el problema, recurrente en los últimos meses, persiste sin soluciones concretas.
Aldo Cortés, responsable de Movilidad Humana de la Defensoría, explicó que la solicitud busca conocer detalles de las gestiones estatales, especialmente al cumplirse un año de los fallecimientos de conductores bolivianos en condiciones similares en territorio paraguayo.
“Es urgente saber qué medidas se han tomado para evitar que se repitan estas emergencias humanitarias”, sostuvo.
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Cisternas
Según reportes de medios locales, las largas filas de cisternas bolivianas en Paraguay se han vuelto frecuentes, generando no solo afectaciones a los conductores, quienes soportan esperas prolongadas sin garantías básicas, sino también preocupación ambiental por posibles derrames o contaminación en la zona.
El Defensor del Pueblo paraguayo, Rafael Ávila, alertó sobre estos riesgos y se sumó al llamado para coordinar respuestas bilaterales.
En ocasiones pasadas, Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, estableció contacto con su par paraguayo y con YPFB para impulsar acciones humanitarias, sin que se lograran soluciones duraderas.
Actualmente, la institución mantiene diálogo con el embajador de Bolivia en Paraguay, Rufino Pasquito, y con autoridades locales para “precautelar los derechos humanos de los conductores”.
La Defensoría insistió en que el Estado debe garantizar condiciones dignas para los trabajadores del transporte cisternero, cuya labor es crucial para el abastecimiento de combustible en el país.
De acuerdo con algunos sectores de oposición, los conductores esperan durante semanas para poder cargar combustible debido a que YPFB no realiza el pago a las empresas internacionales de las cuales importa diésel y gasolina, aunque esta versión es negada por la estatal petrolera.
