La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), informó que mediante Resolución Administrativa AJAMD-OR/DD/RED-ADM/13/2025 denegó el proceso de adecuación y revirtió el derecho minero otorgado en 1999 a una actividad minera en el cerro San Felipe de Oruro. Además, la entidad coadyuva en la investigación por presunta explotación minera ilegal en esa zona.
La entidad informó que se sumó en calidad de víctima a la denuncia penal interpuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro por la presunta comisión de los delitos de Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional; y Explotación Ilegal de Recursos Minerales en el cerro San Felipe.
“La Dirección Departamental Oruro de la AJAM se ha apersonado en calidad de víctima, en representación del Estado boliviano y coadyuva con las investigaciones correspondientes en relación al delito de explotación minera ilegal”, aclaró mediante un comunicado.
Informó, además, que en el sector del cerro San Felipe existe un derecho minero otorgado por la ex Superintendencia Departamental de Minas-Oruro, en 1999. Sin embargo, éste está sujeto a proceso de adecuación a la normativa legal vigente; conforme lo establecido en la Ley 535, de Minería y Metalurgia.
En el marco de ese proceso, la AJAM emitió la Resolución Administrativa AJAMD-OR/DD/RED-ADM/13/2025 que denegó dicho trámite de adecuación; y revirtió el derecho minero a dominio originario del Estado Plurinacional de Bolivia.
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AJAM
“La autoridad minera no tiene competencia para la otorgación de permisos ambientales, conforme dispone el Artículo 56 de la Ley 535, que dispone el control y fiscalización en materia ambiental corresponde exclusivamente a las autoridades ambientales competentes; por lo que no tiene asidero legal las declaraciones de algunas autoridades del GAM Oruro”, acotó.
El miércoles, la Alcaldía de Oruro presentó una acción popular contra la minería ilegal que opera en dos cerros históricos que han puesto en riesgo no solo la salud de los habitantes de la urbe, sino también el enorme monumento de la Virgen del Socavón.
Según la denuncia, la minera ilegal opera en los cerros San Felipe y Santa Bárbara, donde se emplaza la efigie de la Virgen del Socavón.
La AJAM aseguró que coordina y coopera con los gobiernos municipales en el cumplimiento del numeral 15 del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado; y la Ley 482, que determinan que la preservación del patrimonio natural municipal es atribución de los Gobiernos Autónomos Municipales.
Según la denuncia del director de Salud Ambiental de la Alcaldía orureña, Julio Cepeda, existe un proceso penal en marcha iniciado en octubre de 2024.
