El presidente de Argentina, Manuel Adorni, ha ordenado el cese de la embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Sonia Cavallo, después de que su padre, el exministro Domingo Cavallo, haya cuestionado abiertamente la doctrina económica del actual Gobierno.
«Por decisión del presidente de la Nación, Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA», ha anunciado en redes sociales el principal portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, sin entrar en más detalle. Sin embargo, el cese llega después de que Domingo Cavallo pusiese en duda los objetivos marcados por Milei, en particular la meta de levantar el conocido como ‘cepo’ al dólar.
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Embajadora
Milei ha tachado de «impresentable» al exministro, a quien ha recriminado su etapa como responsable de las finanzas nacionales, durante la primera mitad de la década de los noventa y una breve etapa en el año 2001. Así, ha señalado que a Cavallo. «Que tanto le gusta hablar, subió impuestos para resolver crisis a costa de «reventar a todos los argentinos de bien».
«¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a bajar más el gasto público, vamos a seguir con la motosierra, vamos a recortar más el gasto público para que la absorción caiga, pero que sufra el Estado y no el sector privado». Esto ha defendido el mandatario en declaraciones en A24.
Privatización
El Gobierno de Argentina ha decretado este sábado una orden por la que aprueba el proceso de privatización «total» de la empresa estatal de transporte ferroviario Belgrano Cargas y Logística S.A. Eso según ha informado el portavoz gubernamental, Manuel Adorni.
«El presidente Javier Milei acaba de firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. El Estado dejará de ser operador de los servicios ferroviarios de carga y de toda su infraestructura. Material rodante, vías, talleres e inmuebles», ha afirmado Adorni en su cuenta de la red social X.
El Ejecutivo anunció el pasado mes de octubre la privatización de la empresa estatal por ser «obscenamente deficitaria». Ya que el Estado tuvo que aportar 112 millones de dólares (103 millones de euros) para su subsistencia.
