El vicepresidente Edmand Lara cuestionó este lunes el manejo gubernamental de los recientes casos de narcotráfico y puso en duda la efectividad del retorno de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Bolivia.
Además, señaló que los hechos conocidos en las últimas semanas alimentan las sospechas sobre una posible protección al crimen organizado desde altas esferas del poder.
A su vez, hizo referencia al denominado caso de las “narcomaderas”, en el que se investiga la salida de 108 toneladas de cocaína de alta pureza en 49 cargamentos, y sostuvo que la magnitud del hecho expone graves fallas en los sistemas de control del Estado.
Lea también: Gobierno defiende rechazo de extranjeros y niega sesgo político
“Mientras millones de bolivianos trabajan dentro de la ley para sacar adelante a nuestro país, crecen las dudas sobre una posible protección al narcotráfico desde las más altas esferas del poder”, afirmó.
Lara también cuestionó que el descubrimiento de este negocio ilícito haya surgido a partir de investigaciones de la Policía de Chile y no de las instituciones bolivianas encargadas de la lucha contra el narcotráfico. Según dijo, el caso adquiere mayor relevancia por los presuntos vínculos de personas cercanas al Gobierno con áreas estratégicas del comercio exterior y la logística estatal.
El vicepresidente también mencionó el reciente hallazgo de droga que pretendía salir hacia Estados Unidos mediante un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) y señaló que la empresa exportadora involucrada ya figuraba en investigaciones previas.
En ese contexto, cuestionó el anuncio del Gobierno sobre el retorno de la DEA y la adhesión de Bolivia al programa Escudo de las Américas como mecanismos para fortalecer la lucha antidrogas.
“Frente a esta situación el Ministerio de Gobierno nos ha vendido la idea de que la adhesión al programa Escudo de las Américas y el retorno de la DEA a Bolivia serían una solución. Sin embargo, los hechos generan todo lo contrario”, aseguró.
Lara también planteó interrogantes sobre la capacidad del Estado para frenar el avance del narcotráfico y pidió una respuesta institucional ante los recientes casos.
“Cuando cargamentos ilegales atraviesan controles estatales y personas cercanas a altas autoridades aparecen vinculadas a sectores estratégicos de exportación y logística, corresponde preguntarse con firmeza: ¿las instituciones bolivianas están defendiendo la seguridad del Estado o están permitiendo la consolidación de una estructura de protección al crimen organizado?”, cuestionó.
