La promulgación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción no activa automáticamente ese régimen extraordinario. Tras la firma del presidente Rodrigo Paz, el Gobierno aún deberá cumplir dos requisitos antes de aplicar la medida, que son: aprobar un decreto supremo y enviarlo a la Asamblea Legislativa.
La norma establece el marco legal para la declaratoria de estados de excepción, pero deja en manos del Ejecutivo la decisión de activarlos.
El siguiente paso corresponde al presidente y a su gabinete ministerial, que deberán emitir un decreto supremo en caso de considerar que existen circunstancias que justifiquen la medida, como una conmoción interna, amenazas a la seguridad del Estado, agresiones externas o desastres naturales.
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Una vez aprobado el decreto, el Ejecutivo tendrá que remitirlo a la Asamblea Legislativa para su revisión. Diputados y senadores dispondrán de un plazo de 72 horas para pronunciarse sobre la determinación presidencial.
Sectores empresariales, cívicos y políticos impulsaron la aprobación de la norma al considerar que permitirá al Gobierno contar con mayores herramientas legales para enfrentar la crisis.
No obstante, la eventual declaratoria de un estado de excepción aún dependerá de una decisión posterior del Órgano Ejecutivo y del control constitucional que ejerza la Asamblea Legislativa en las próximas horas.
