El canciller Fernando Aramayo presentó este martes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional documentación oficial con la que, según afirmó, demuestra que el Ministerio de Relaciones Exteriores actuó de manera oportuna y conforme a la normativa en el caso Maletas, vinculado a la exdiputada Laura Rojas Ayala.
Durante una Petición de Informe Oral, la autoridad explicó que la Cancillería anuló el pasaporte diplomático de Rojas y notificó formalmente a la Dirección General de Migración y a Interpol el 12 de noviembre de 2025, varios meses antes de que el caso alcanzara notoriedad pública.
Fernando Aramayo
Aramayo sostuvo que la actuación de la institución se enmarcó estrictamente en sus atribuciones legales y remarcó que la Cancillería no tiene competencias para investigar delitos ni establecer responsabilidades penales.
“La Cancillería, como Autoridad Central en materia de cooperación jurídica internacional, no tiene facultades de investigación penal ni de determinación de responsabilidades sustantivas”, señaló la autoridad durante su comparecencia legislativa.
El ministro explicó que el rol de la cartera de Estado consiste en recibir, canalizar y tramitar solicitudes de cooperación internacional emitidas por las autoridades judiciales competentes, así como realizar el seguimiento correspondiente dentro de los procedimientos establecidos por la legislación nacional y los acuerdos internacionales vigentes.
Caso Maletas
En su exposición, Aramayo reconstruyó cronológicamente las actuaciones realizadas por la institución y aseguró que la cancelación del documento diplomático de la exlegisladora fue acompañada por comunicaciones inmediatas a Migración e Interpol Bolivia.
Asimismo, indicó que todos los antecedentes vinculados al caso fueron remitidos de manera regular a las entidades encargadas de la investigación.
La autoridad también destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió colaborar activamente con el Ministerio Público desde el inicio de las investigaciones. Según informó, la Cancillería se apersonó formalmente al proceso el 27 de enero de 2026 y desde entonces entregó documentación y antecedentes requeridos por los investigadores.
Cancillería
Aramayo aseguró que la institución mantuvo una conducta de cooperación permanente con las autoridades judiciales y reafirmó su compromiso de continuar aportando información en el marco de las competencias que le asigna la ley.
Al concluir su intervención, el canciller puso a disposición de la comisión legislativa toda la documentación relacionada con el caso y afirmó que los archivos institucionales respaldan el accionar de la Cancillería.
La comparecencia se produjo en medio de cuestionamientos de algunos sectores políticos sobre la actuación estatal en el denominado “caso maletas”, investigación en la que las autoridades buscan esclarecer responsabilidades y determinar posibles irregularidades relacionadas con la utilización de documentación diplomática.
