La crisis política y social que atraviesa Bolivia abrió un nuevo debate en el escenario nacional: la posibilidad de convocar a un referéndum revocatorio extraordinario como mecanismo para resolver los conflictos, los bloqueos y las crecientes tensiones entre el Gobierno y los sectores movilizados.
La propuesta fue planteada inicialmente por el diputado de Unidad, Carlos Alarcón, quien propuso que la Asamblea Legislativa impulse una ley interpretativa para convocar, en un plazo de tres meses, a una consulta popular sobre la continuidad del presidente Rodrigo Paz, el vicepresidente Edmand Lara y los integrantes del Legislativo.
Revocatorio
“No podemos permitir que la violencia deponga y derroque gobiernos, aunque se disfrace de elecciones anticipadas”, afirmó Alarcón al defender la iniciativa. El legislador sostuvo además que “autoridad investida por el voto solo por el voto debería ser revocada”.
Según su planteamiento, si la mayoría de los ciudadanos ratifica a las autoridades, estas concluirían su mandato hasta 2030. En caso contrario, se convocaría a nuevas elecciones generales.
La propuesta encontró respaldo parcial en el exsenador Andrónico Rodríguez, quien también planteó adelantar un referéndum revocatorio para enfrentar la crisis y reducir la confrontación social.
Proyecto de ley
“Frente a la insensibilidad del gobierno, planteamos: viendo todas las formas legales, adelantar el referéndum revocatorio como mecanismo legal para una salida democrática”, escribió Rodríguez.
El dirigente consideró que la situación económica y social continúa deteriorándose y advirtió que la conflictividad podría agravarse si no se encuentra una solución institucional. “Con el fin de evitar mayor escalada de violencia y profundizar la crisis económica, más que importante es urgente encaminar soluciones inmediatas por la vía democrática”, señaló.
Sin embargo, la propuesta también generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
Rechazo
El senador de Libre, José Manuel Ormachea, rechazó la iniciativa de Alarcón y sostuvo que la Constitución establece claramente que un referéndum revocatorio solo puede activarse a mitad de mandato.
“No concuerdo con la propuesta del diputado Alarcón”, afirmó. Además, advirtió que “por Constitución, el mandato en Bolivia es de cinco años con posibilidad de un referéndum revocatorio recién a mitad de gestión, no a los seis meses”.
Ormachea pidió además evitar escenarios que puedan derivar en inestabilidad política. “No entremos a lógicas destituyentes”, remarcó.
Juan del Granado
En la misma línea se pronunció el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan Del Granado, quien descartó la viabilidad jurídica de la propuesta.
“Un referéndum que modifique los términos del periodo constitucional solamente puede convocarse después de la mitad del periodo constitucional. Tenemos solamente seis, siete meses”, sostuvo.
Del Granado consideró que la prioridad debe centrarse en la apertura inmediata de mesas de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados para encontrar soluciones a la crisis.
Por su parte, el expresidente Jorge Tuto Quiroga también se mostró contrario a cualquier intento de acortar el mandato surgido de las urnas y defendió el respeto al resultado electoral de 2025.
Democracia
“Lo que seis millones y medio de bolivianos votamos el año pasado tiene que respetarse”, afirmó.
Mientras los bloqueos continúan y las negociaciones avanzan con dificultades, el debate sobre un eventual referéndum revocatorio comienza a instalarse en el escenario político como una de las alternativas planteadas para enfrentar la crisis, aunque todavía enfrenta serios cuestionamientos legales y constitucionales.
