El Gobierno puso en marcha la Ley de Alivio Tributario, una norma que busca reducir la carga fiscal, facilitar la regularización de deudas y promover la formalización de pequeños contribuyentes en el país. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el 99% de los beneficiarios de la norma son pequeños contribuyentes, quienes —según explicó— fueron empujados a la informalidad debido a la presión tributaria existente.
“Era una carga que los ha empujado a la informalidad y esto no podía seguir así”, señaló la autoridad durante la presentación de la ley.
Entre las principales medidas, Espinoza destacó un proceso de regularización de deudas tributarias acumuladas desde el 1 de enero de 2018, con excepción del año 2020, que también será condonado hasta 2025. La norma contempla la eliminación de multas e intereses, además de una reducción del 50% del mantenimiento de valor para pagos al contado.
El objetivo, según el ministro, es permitir que los contribuyentes puedan liberar recursos y destinarlos a la reactivación de sus actividades económicas.
La ley también establece una reducción en los plazos de prescripción tributaria. A partir de su implementación, el Estado podrá fiscalizar hasta cuatro años hacia atrás, mientras que los procesos y sanciones prescribirán en dos años, con el fin de evitar trámites prolongados que, según la autoridad, en algunos casos se extendían por décadas.
“Hoy el Estado tiene plazos como los contribuyentes: cuatro años de prescripción tributaria y dos años para procesos y sanciones”, explicó Espinoza, quien cuestionó la existencia de casos administrativos que datan incluso de 1986.
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Contribuyentes
Otra de las disposiciones de la norma es la clarificación de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Que si bien se establece en 13%, en la práctica alcanzaba el 14,97% debido a ajustes y cálculos adicionales. Con la nueva ley, se busca que la tasa impositiva sea efectivamente del 13%, eliminando distorsiones en su aplicación.
Asimismo, la norma elimina las promociones empresariales vinculadas a la Ley del Juego, como parte de un proceso de simplificación del sistema tributario.
Espinoza señaló que la ley representa un primer paso hacia un nuevo modelo de relación entre el Estado y los contribuyentes. Orientado a hacer más eficiente la administración tributaria y reducir los costos de la formalidad.
“Lo que buscamos es que los beneficios de la formalidad sean mayores que los de la informalidad”, concluyó.
