El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó este jueves que los bloqueos continúen tras 28 días de conflicto y afirmó que el Gobierno mantiene una actitud pasiva frente a las medidas de presión instaladas en distintas regiones del país.
“Veintiocho días y el Gobierno sigue alargando el problema”, declaró el dirigente cívico al señalar que la Asamblea Legislativa ya cumplió con la aprobación y promulgación de la ley que abroga la norma de Estados de Excepción, por lo que ahora —dijo— corresponde al Ejecutivo asumir decisiones para restablecer el orden y garantizar la circulación.
Estado de excepción
Cochamanidis sostuvo que la solución del conflicto “está exclusivamente en manos del Gobierno central” y advirtió que los bloqueos provocan severas pérdidas económicas para el país. Según afirmó, cada jornada de paralización representa daños superiores a los 50 millones de dólares.
“Cada día que pasa se pierde más de 50 millones de dólares y al final ese costo lo terminan pagando los ciudadanos”, manifestó.
Cívicos de Santa Cruz
El líder cívico pidió al presidente Rodrigo Paz aplicar un estado de excepción “sectorizado” o focalizado únicamente en las zonas donde persisten los puntos de bloqueo y los enfrentamientos, con el objetivo de liberar rutas y garantizar el abastecimiento.
Además, remarcó que el Gobierno debe hacer cumplir la ley y evitar negociaciones con sectores que, según afirmó, impulsan acciones violentas y buscan desestabilizar al país.
“Se tiene que aplicar la ley. No corresponde dialogar con quienes han destruido el país”, sostuvo.
Conflicto
Las declaraciones surgen en medio de la persistencia de bloqueos en carreteras estratégicas y tras los intentos fallidos de instalar mesas de diálogo entre el Gobierno y sectores movilizados. En las últimas semanas, organizaciones empresariales, productivas y cívicas denunciaron pérdidas económicas, desabastecimiento y dificultades para el transporte de alimentos y combustibles.
Desde Santa Cruz, diferentes instituciones vienen exigiendo medidas más firmes para garantizar la transitabilidad y frenar el impacto económico generado por las movilizaciones.
Cabe recordar que el 1 de mayo la COB realizó un cabildo en El Alto. Entonces, se fijo el sábado 2 para el inicio de medidas como el paro general indefinido movilizado.
