La defensa del expresidente Luis Arce denunció una supuesta persecución judicial y busca revertir la detención preventiva que cumple en el penal de San Pedro, mientras enfrenta al menos cinco procesos en la justicia ordinaria.
Los abogados del exmandatario sostienen que los casos responden a una estrategia de “lawfare” o utilización política de la justicia para apartarlo del escenario político nacional.
Luis Arce
Arce permanece detenido desde diciembre de 2025, investigado principalmente por presuntos hechos de corrupción vinculados al extinto Fondo Indígena, durante su gestión como ministro de Economía.
En las últimas horas, un juzgado debía analizar la ampliación de su detención preventiva; sin embargo, la audiencia fue suspendida tras la presentación de memoriales y observaciones procesales. La Fiscalía pidió extender la medida cautelar por seis meses más, argumentando que las investigaciones continúan.
Detenicón preventiva
La defensa legal cuestionó la solicitud y aseguró que el Ministerio Público actúa sin objetividad. También reiteró que el exmandatario debería ser procesado mediante un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria.
Según sus abogados, varios de los procesos abiertos contra Arce corresponden a decisiones asumidas durante el ejercicio de funciones públicas, por lo que consideran que existe una vulneración al debido proceso y a las garantías constitucionales.
Proceso
Paralelamente, el equipo jurídico presentó documentación ante la Fiscalía para intentar desvirtuar las acusaciones relacionadas con el caso Fondo Indígena.
El término “lawfare” ha sido utilizado en distintos países de la región para denunciar presuntas persecuciones judiciales contra líderes políticos. En Bolivia, el debate volvió a instalarse tras los procesos abiertos contra exautoridades y figuras vinculadas a anteriores gobiernos.
