La mesa de diálogo convocada para este jueves en la sede de gobierno comenzó con nuevas condiciones impuestas por sectores movilizados, mientras persisten las dudas sobre la participación de los principales dirigentes de las protestas que mantienen bloqueado al país desde hace 28 días.
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) exigió al Gobierno dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, como requisito para asistir a la negociación instalada en el seminario San Jerónimo, en la ciudad de La Paz.
En una carta enviada al vicepresidente Edmand Lara, el sector minero afirmó que la presencia del dirigente solo será posible si se garantiza previamente su libertad y se anula el mandamiento judicial en su contra.
Entretanto, representantes del Gobierno, legisladores, delegados de derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica intentaban instalar un espacio de acercamiento con los sectores movilizados.
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La incertidumbre también alcanzó a la Federación Túpac Katari. El exdirigente David Mamani informó que organizaciones sociales y sectores vinculados a la COB analizan convocar a un cabildo nacional para definir si aceptan la negociación o avanzan hacia una radicalización de las protestas.
Mamani indicó que la decisión deberá quedar en manos de las bases movilizadas y no solo de los dirigentes nacionales, debido a la presión existente dentro de los sectores que mantienen bloqueos y medidas de presión en carreteras.
La posibilidad de un acuerdo continúa debilitada por la ausencia de Mario Argollo y del dirigente campesino Vicente Salazar, principales referentes de las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
