Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor conflictividad desde el cambio de Gobierno en 2025. Bloqueos, marchas, paros y pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz marcaron las últimas semanas y abrieron el debate sobre la posibilidad de limitar los bloqueos y definir hasta dónde realmente llega el derecho a la protesta.
La discusión tomó fuerza tras la reactivación de varios proyectos antibloqueos, uno de ellos impulsado por el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Manolo Rojas. La propuesta ahora busca rebautizarse como “Ley del Derecho a la Libre Transitabilidad”, con el objetivo de ampliar respaldo social y evitar el rechazo que provocó su denominación inicial.
El proyecto plantea sanciones contra organizaciones y personas que impulsen bloqueos que afecten la circulación, la economía o servicios esenciales. Entre las determinaciones más polémicas está el congelamiento de cuentas y bienes de sindicatos o sectores movilizados cuando existan daños económicos por protestas.
La norma ya encontró resistencia en la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones, que consideran que la iniciativa criminaliza la protesta social y restringe derechos constitucionales.
La Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la protesta y a la reunión pacífica. El artículo 21 garantiza la libertad de reunión y asociación, mientras el artículo 53 protege el derecho a la huelga y la organización sindical. Sin embargo, la misma Constitución también establece derechos como el libre tránsito, el acceso a la salud, al trabajo y a los servicios básicos, lo que abrió un debate sobre los límites entre la protesta y la afectación a terceros.
Entretanto, Bolivia permanece parcialmente paralizada. En la semana se reportaron más de 23 puntos de bloqueo en el país, la mayoría en La Paz. Las medidas de presión son encabezadas por la COB, los Ponchos Rojos, fabriles y otros sectores sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y rechazan el paquete de 10 leyes promovidas por el Órgano Ejecutivo.
Las consecuencias ya golpean a la población. Hay pérdidas fatales de víctimas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos. Videos difundidos en redes sociales mostraron restricciones al paso de ambulancias, oxígeno y alimentos.
El Gobierno calificó las medidas como “bloqueos inhumanos e intransigentes”, mientras dirigentes movilizados responsabilizaron al Ejecutivo por no haber abierto espacios de diálogo antes del estallido social. Pero antes del momento más crítico ya se registraba varios bloqueos.
La magnitud del conflicto aparece reflejada en el informe de la Defensoría del Pueblo. El reporte del primer trimestre de 2026 registró 176 eventos de conflictividad en Bolivia: 157 conflictos activos y 19 anuncios de protesta.
El bloqueo se consolidó como la principal medida, con 60 casos registrados, por encima de paros (23), marchas (21), vigilias (12) y tomas de oficinas (12).
La Paz encabezó la lista con más conflictos, con 47 casos; seguida de Santa Cruz con 28 y luego, Cochabamba con 19.
El informe identifica como principales causas de conflictividad la calidad del combustible (29 casos), gobernanza (27), conflictos político-electorales (25), demandas laborales (21) y reclamos por servicios y obras públicas (19).
De ese modo, la ley antibloqueos dejó de ser solamente una propuesta legislativa y pasó a convertirse en un símbolo del momento político. Para el oficialismo y algunos sectores ciudadanos, representa una respuesta frente a medidas que paralizan ciudades y ponen en riesgo servicios esenciales. Para organizaciones sociales y sectores sindicales, en cambio, refleja un intento de limitar uno de los mecanismos históricos de presión social en el país.
El diputado de Unidad Carlos Alarcón rechazó que la iniciativa implique criminalizar la protesta y sostuvo que existe una diferencia entre la manifestación pacífica y el bloqueo de carreteras.
“Ese es un pretexto falso. El bloqueo no es el derecho a la protesta, es un delito, como ocurre en cualquier país del mundo donde al que bloquea vías públicas se lo mete a la cárcel”, afirmó.
Según Alarcón, existen otros mecanismos legítimos para ejercer presión social. “Otra cosa son los medios legales y legítimos para ejercer el derecho a la protesta como las huelgas, paros, marchas, mitines, reclamos y acciones judiciales, pero no los bloqueos de vías públicas”, señaló.
El legislador afirmó que los bloqueos vulneran otros derechos constitucionales. Entre ellos mencionó el libre tránsito, la salud, la educación, el trabajo, la alimentación, el comercio, la industria, la importación y exportación de bienes y la seguridad personal.
Para el analista Manuel Mercado, el trasfondo de la crisis no se limita a los bloqueos, sino a una ruptura política entre el Gobierno y parte de los sectores que respaldaron electoralmente a Rodrigo Paz en las elecciones de 2025.
“Hubo un divorcio muy rápido entre las autoridades surgidas de las elecciones y sus votantes”, afirmó en entrevista con La Razón.
Según Mercado, el oficialismo interpretó la victoria electoral como un respaldo a reformas estructurales y ajustes económicos, cuando muchos sectores votaron para evitar un retorno a políticas de libre mercado más radicales.
“La gente votó para contener un retorno liberal, no para respaldar ajustes estructurales”.
El analista considera que el Gobierno asumió una visión “tecnocrática administrativa” del poder y dejó fuera de las decisiones a sectores populares.
“No puedes, en este momento de la historia de Bolivia, pensar que el ejercicio del poder es un ejercicio tecnocrático administrativo”, aseveró.
Mercado también cuestionó la falta de representación social dentro del Ejecutivo y sostuvo que los sectores populares “han aprendido en los últimos 20 años que el poder les permite existir, proteger intereses y acceder a mejores condiciones”.
El debate jurídico y político divide posiciones. Para algunos sectores ciudadanos y empresariales, una norma de este tipo resulta necesaria para garantizar el libre tránsito, el abastecimiento y el funcionamiento de servicios esenciales. Sin embargo, analistas advierten que una ley antibloqueos podría agravar la crisis si no nace de acuerdos políticos amplios. “Una política pública necesita legalidad, pero también legitimidad”, señaló el analista Jorge Dulón.
En su criterio, imponer restricciones sin consenso podría convertirse en “gasolina”.
Dulón argumentó que el Gobierno necesita identificar a los actores reales del conflicto y abrir negociaciones directas con sectores organizados. “Se requiere desarrollar un pacto democrático de segunda generación”.
Explicó que ese modelo implicaría incorporar a organizaciones y sectores en la construcción de acuerdos políticos.
Mercado coincidió en que el problema de fondo no son los bloqueos en sí mismos, sino la incapacidad política de prevenir.
“Todos terminamos pagando por los bloqueos, pero en realidad pagamos por la incapacidad política de dialogar y resolver conflictos”, afirmó.
En medio de la crisis, algunos actores políticos propusieron medidas más duras, como declarar estado de excepción o movilizar a las Fuerzas Armadas para desbloquear carreteras.
La posibilidad fue rechazada por los analistas consultados.
Dulón advirtió que una salida militar podría profundizar la convulsión y alimentar discursos desestabilizadores. “No creo que la solución sea llevar a las Fuerzas Armadas a las calles”.
La discusión sobre la ley antibloqueos refleja la dificultad de Bolivia para resolver sus crisis.
Alarcón propone referéndum sobre ley antibloqueos
Alarcón afirmó que una eventual ley antibloqueos debería someterse a un referéndum antes de su promulgación. Todo ello, para fortalecer su legitimidad y frenar la conflictividad que afecta al país.
El legislador argumentó que la consulta ciudadana permitiría consolidar un “pacto social” frente a una práctica que, según dijo, Bolivia arrastra desde hace décadas.
“Está arraigada una práctica viciosa de bloqueos de caminos que la venimos arrastrando durante décadas”, afirmó el legislador.
La propuesta se enmarca tras los bloqueos y movilizaciones impulsados por distintos sectores sociales, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Alarcón aseguró que una eventual aprobación de la norma mediante referéndum otorgaría mayor fuerza para su aplicación y debilitaría el discurso de los sectores movilizados. “Si gana la ley en el referéndum, los grupos sectoriales violentos quedarían desenmascarados y se demostraría que no representan al pueblo”.
“La aceptación de la ley por el soberano en un referéndum le daría mayor fuerza y vigor de aplicación”, insistió el parlamentario.
La propuesta de ley antibloqueos generó fuerte debate político y social. Mientras sectores ciudadanos y empresariales apoyan medidas para garantizar el libre tránsito y el abastecimiento, organizaciones sindicales y sociales advierten que la iniciativa podría criminalizar la protesta y restringir derechos constitucionales.
Dicha norma busca penalizar con cárcel a quienes organicen, financien o ejecuten cortes de ruta en el país. Debido a las críticas de sectores sociales, el proyecto ha sido reconfigurado para ser conocido como Ley de Derecho a la Libre Transitabilidad.
